02/07/26.-
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó cinco licencias de uso de agua con fines agrícolas a productores de los distritos de Lurín y Pachacámac, en Lima, beneficiando a 614 pequeños y medianos agricultores. La medida busca formalizar el acceso al recurso hídrico, brindar seguridad jurídica a los usuarios y garantizar la continuidad de la actividad agrícola en más de 854 hectáreas de cultivo.
Las autorizaciones fueron entregadas a integrantes de las comisiones de usuarios de San Fernando, Caña Hueca, Jatosisa Sotelo y Lurín, pertenecientes a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Lurín – Clase B, como parte del proceso de formalización que impulsa la ANA para ordenar el aprovechamiento del agua en las distintas cuencas del país.
El jefe de la ANA, Manuel Barreno Rodrigo, destacó que la entrega de estas licencias permite reconocer oficialmente el derecho de los agricultores a utilizar el recurso hídrico, fortaleciendo la gestión de sus organizaciones y otorgándoles mayor estabilidad para planificar e impulsar su producción.
Según informó la Administración Local de Agua (ALA) Chillón-Rímac-Lurín, en la cuenca del río Lurín existen actualmente 3,243 derechos de uso de agua destinados a actividades agrícolas. Las nuevas licencias formalizan el aprovechamiento de cinco manantiales y autorizan el uso de un volumen de 4.32 hectómetros cúbicos de agua para la producción agraria.
Durante la ceremonia también se suscribió un convenio de cooperación entre la ANA y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Lurín – Clase B para desarrollar estudios técnicos orientados a evaluar la capacidad de almacenamiento de agua en la parte alta de la cuenca del río Lurín.
El acuerdo contempla la elaboración de estudios de hidrología, geología, topografía, agrología, planificación hidráulica y evaluación económica y social, con el propósito de identificar al menos dos alternativas viables para construir infraestructura que permita almacenar agua y asegurar el abastecimiento para la actividad agrícola en el futuro.
La formalización del uso del agua representa un paso importante para fortalecer la seguridad jurídica de cientos de agricultores y mejorar la gestión de un recurso cada vez más estratégico frente al cambio climático. Contar con licencias oficiales facilita el acceso a programas estatales, financiamiento y proyectos de modernización del riego.
Sin embargo, la entrega de autorizaciones no resuelve por sí sola los problemas de disponibilidad hídrica que enfrentan las cuencas de Lima. La creciente presión urbana, la variabilidad climática y los periodos de sequía obligan a acelerar inversiones en infraestructura de almacenamiento, tecnificación del riego y protección de las fuentes de agua. Los estudios anunciados por la ANA representan un avance, pero el verdadero desafío será convertirlos en obras concretas que garanticen la seguridad hídrica para los agricultores y reduzcan los riesgos de escasez en los próximos años.