07 noviembre 2025.-
La Cancillería peruana anunció que dejará en suspenso el salvoconducto a la exministra Betssy Chávez —quien busca asilo político— hasta que se realice una consulta formal con la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta decisión fue adoptada directamente por el presidente José Jerí y coloca al Perú en una posición de replantear incluso el marco normativo internacional vigente.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que impulsará ante los países del Sistema Interamericano una propuesta para reformar la Convención de Caracas de 1954, instrumento que busca proteger a perseguidos políticos, pero que —según el gobierno peruano— se ha venido “desnaturalizando” porque se estaría usando para encubrir delitos comunes bajo el rótulo de persecución política.
El Ejecutivo sostiene que el abuso del asilo político en la región se ha vuelto recurrente y que no es un fenómeno exclusivo del Perú. Por ello, anunció que iniciará consultas con otros Estados miembros para evitar que la figura del asilo siga siendo utilizada como blindaje.
Además, la Cancillería confirmó la salida definitiva del embajador cubano Carlos Zamora, tras reuniones en las que —según fuentes diplomáticas— se discutieron temas sensibles.
Esta decisión abre un capítulo complejo: si la reforma logra consenso en la OEA, podría marcar un precedente regional que limite mecanismos de protección para quienes alegan persecución. Pero también podría ser visto como un intento de gobiernos para endurecer criterios frente a disidentes. La clave será si esta iniciativa apunta a garantizar justicia, o si termina usándose discrecionalmente como herramienta política.
