06/01/26.-
El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) presentó una denuncia ante la Policía Nacional contra la congresista no agrupada Kira Alcarraz, a quien acusa de haber agredido físicamente a uno de sus trabajadores durante un operativo de fiscalización vehicular en el distrito de San Juan de Miraflores.
Mediante un comunicado, la entidad informó que el incidente se registró el último lunes en los alrededores del puente Atocongo, cuando su personal intervenía un vehículo con orden de captura debido a una deuda en etapa coactiva por infracciones de tránsito. La legisladora se encontraba en el interior de la unidad en calidad de acompañante.
De acuerdo con la versión oficial del SAT, al descender del vehículo la parlamentaria intentó evitar que este fuera trasladado al depósito municipal. Ante la negativa del personal fiscalizador, habría reaccionado de manera violenta, propinando una bofetada a uno de los trabajadores y quitándole el teléfono celular mientras cumplía sus funciones.
El hecho fue reportado en la comisaría correspondiente y actualmente es materia de investigación por parte de la Policía Nacional. La denuncia, difundida por el noticiero 24 Horas, también señala que la congresista habría contactado telefónicamente a un comandante policial para solicitar respaldo durante la intervención, además de proferir amenazas verbales contra el trabajador, sugiriendo que su permanencia laboral en la entidad tenía fecha límite.
Pese a lo ocurrido, el SAT aseguró que el procedimiento se desarrolló conforme a la normativa vigente. El vehículo fue internado en el depósito municipal y posteriormente liberado luego de que se acordara un fraccionamiento de la deuda pendiente por infracciones de tránsito.
En su pronunciamiento, el organismo recaudador condenó enérgicamente la agresión y subrayó la gravedad de los hechos al involucrar a una autoridad pública, de quien se espera una conducta ejemplar.
Este caso vuelve a poner en debate el uso del poder y la percepción de impunidad entre algunos funcionarios públicos. La denuncia del SAT no solo expone un presunto acto de violencia contra un trabajador en ejercicio de sus funciones, sino también una posible interferencia indebida en un procedimiento administrativo regular. De confirmarse los hechos, el episodio evidenciaría una preocupante desconexión entre el rol fiscalizador del Estado y el comportamiento de quienes están llamados a legislar y dar el ejemplo. Más allá de la responsabilidad penal o administrativa que determine la investigación, el incidente refleja una tensión persistente entre autoridad y legalidad, y refuerza la necesidad de que las instituciones actúen con firmeza y transparencia frente a cualquier intento de abuso de poder.