10/01/26.-
Se presentó una tacha contra la lista al Senado del partido Juntos por el Perú, que competirá en las elecciones generales de 2026, debido a la presencia de familiares directos de figuras políticas de alto perfil. Entre los postulantes observados figuran José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, y Issac Humala, padre del exmandatario Ollanta Humala. El recurso solicita que el Jurado Nacional de Elecciones revise la legalidad y pertinencia de dichas candidaturas.
Según el escrito presentado, la inclusión de estos nombres no solo ha generado cuestionamientos políticos, sino que también abre un debate sobre el respeto a los principios de transparencia, probidad e idoneidad que deben regir en la conformación del nuevo Senado, instancia que retomará funciones tras la reforma del sistema legislativo. El caso se inscribe en un escenario de marcada polarización y de mayor vigilancia ciudadana sobre las listas electorales, en un proceso en el que los partidos buscan capitalizar el reconocimiento público de ciertos apellidos.
La tacha sostiene que ambos candidatos mantienen vínculos directos con liderazgos políticos asociados a periodos de fuerte crisis institucional y controversias judiciales. En el caso de José Castillo, se recuerda su cercanía con el entorno del expresidente durante un gobierno que terminó abruptamente y dejó procesos legales en curso. En cuanto a Issac Humala, se menciona su activa participación política e influencia ideológica en la trayectoria de sus hijos, incluido Antauro Humala.
La normativa electoral permite a cualquier ciudadano presentar tachas cuando considere que existen impedimentos legales o incumplimientos formales. Será ahora el Jurado Nacional de Elecciones el encargado de determinar si los argumentos expuestos tienen sustento jurídico suficiente.
La tacha contra la lista de Juntos por el Perú vuelve a poner en evidencia la persistencia de la política de apellidos en el escenario electoral peruano. Aunque la filiación familiar no constituye, por sí sola, un impedimento legal, el caso refleja la desconfianza ciudadana hacia candidaturas vinculadas a gestiones cuestionadas. Más allá del resultado legal, el episodio revela una estrategia partidaria que prioriza el impacto mediático sobre la renovación política, lo que podría afectar la credibilidad del proceso y profundizar el escepticismo frente a la clase dirigente.