JUEZ DENUNCIA LLAMADAS IMPROPIAS DURANTE AUDIENCIA DEL CASO DE CIRO CASTILLO

10/01/26.-

Durante el inicio de la audiencia continuada de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, a cargo del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, informó públicamente que recibió una comunicación indebida por parte de familiares de uno de los investigados, Jimmy Alexander Whu Cárdenas.

El magistrado señaló que decidió dejar constancia del hecho en atención a los principios de transparencia y a la necesidad de resguardar la independencia del proceso judicial. Precisó que la llamada no fue solicitada y calificó el contacto como absolutamente impropio, al haberse realizado fuera de los canales formales que establece la ley. En ese sentido, enfatizó que su despacho rechaza cualquier intento de presión, insinuación o comunicación extraprocesal y anunció que el incidente será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Si bien el juez no brindó mayores detalles sobre el contenido de la comunicación, fuentes judiciales indicaron que el magistrado estaría recibiendo llamadas con tono amenazante, orientadas a influir en su decisión para que no se imponga la medida de prisión preventiva y se disponga la liberación de los procesados.

El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Ciro Castillo Rojo y otras 12 personas, entre funcionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao, a quienes se investiga por presuntos actos de corrupción vinculados a la gestión regional.

La denuncia del juez pone en evidencia la fragilidad del sistema de justicia frente a presiones externas en casos de alto perfil político. La sola existencia de intentos de comunicación extraprocesal revela un preocupante patrón de interferencia que busca condicionar decisiones judiciales. Este episodio no solo compromete la percepción de independencia del Poder Judicial, sino que también refuerza la necesidad de mecanismos más eficaces de protección a magistrados que afrontan procesos sensibles, donde el poder político y los intereses económicos suelen confluir.