17 febrero 2025.- El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, cumple su sentencia en la Base Naval del Callao hasta junio de 2026. Sin embargo, su reciente aparición en TikTok ha generado polémica, ya que se habrían difundido videos con su autorización, lo que podría configurar delitos como apología a la violencia. Estos videos incluyen mensajes que sugieren un posible retorno a la política y una presunta afiliación a un partido político no registrado, Por Amor al Perú, lo que ha suscitado diversos cuestionamientos legales.
El abogado penalista Fernando Ugaz, del estudio Ugaz Zegarra, explicó que el artículo 316 del Código Penal peruano considera apología cuando alguien “públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a una persona condenada”. Por lo tanto, cualquier contenido que respalde los delitos de asesinato, desaparición forzada o corrupción podría ser clasificado como apología.
Aunque la abogada de Montesinos, Estela Valdivia, aseguró que él no administra directamente la cuenta de TikTok, sí confirmó que los videos publicados cuentan con su aprobación. Esto plantea dudas sobre cómo una persona privada de libertad puede mantener presencia en redes sociales, ya que las normas penitenciarias prohíben el acceso a dispositivos móviles e internet. Sin embargo, Ugaz aclaró que el manejo de la cuenta por terceros no viola técnicamente las disposiciones carcelarias.
A pesar de que no existe una prohibición explícita en la legislación peruana sobre la presencia en redes sociales de personas condenadas, el abogado subrayó que el contenido difundido debe evitar incurrir en apología a delitos. Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de actualizar las leyes para regular la actividad pública de personas privadas de libertad y su impacto en la opinión pública.
Además, la posibilidad de que Montesinos regrese a la política enfrenta numerosos impedimentos legales. Según el artículo 33 de la Constitución peruana, una persona pierde temporalmente sus derechos de ciudadanía mientras cumple una sentencia con pena privativa de libertad. Asimismo, la Ley 30153 prohíbe postularse a cargos de elección popular a quienes no hayan pagado su reparación civil. Montesinos aún adeuda 500.000 dólares, lo que refuerza su inhabilitación para cualquier cargo público.
El caso también ha planteado interrogantes sobre los derechos de los condenados una vez cumplida su sentencia. La legislación peruana no establece una «muerte civil» permanente, por lo que, tras cumplir su condena y saldar sus deudas con el Estado, una persona puede recuperar derechos como participar en redes sociales o la vida política. Sin embargo, Montesinos enfrenta procesos adicionales que podrían extender su tiempo en prisión.
Este caso evidencia un vacío legal respecto al uso de plataformas digitales por parte de personas condenadas. Aunque genera críticas sociales y éticas, la normativa actual no regula específicamente estas situaciones, lo que subraya la importancia de revisar las leyes para evitar confusión y proteger la percepción pública de la justicia.
