16/06/26.-
Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de cuestionar la validez de la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, normativa que reguló las actividades electorales desarrolladas en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial de 2026.
En declaraciones a Canal N, Ayala sostuvo que la acción legal fue interpuesta a título personal y no en representación de su agrupación política. Según explicó, el recurso busca que se declare la nulidad de los resultados electorales obtenidos fuera del país debido a que, a su criterio, el proceso se realizó bajo una disposición que vulneró principios constitucionales y que no debió ser aprobada durante una contienda electoral en marcha.
El exministro remarcó que su cuestionamiento no se basa en una presunta manipulación de votos ni en denuncias de fraude electoral, sino en la legalidad de la norma que sirvió de sustento para el desarrollo de los comicios en el exterior. En ese sentido, argumentó que cualquier acto realizado bajo una regulación posteriormente declarada inválida podría quedar sin efecto jurídico.
Ayala también sostuvo que, tras la convocatoria oficial a elecciones realizada por el Ejecutivo en 2025, no debieron emitirse nuevas disposiciones que modificaran aspectos relacionados con el proceso electoral, alegando una supuesta vulneración del principio de intangibilidad normativa.
La resolución cuestionada establece procedimientos específicos para la organización de los comicios fuera del país. Entre sus disposiciones figura la autorización para que personeros registren mediante fotografías o videos la etapa de escrutinio, siempre que no interfieran con las labores de los miembros de mesa. Asimismo, prohíbe captar imágenes de los rostros de los integrantes de mesa para garantizar la protección de datos personales.
La normativa también regula el traslado del material electoral. Los funcionarios consulares son responsables de recoger, custodiar y transportar las cédulas de sufragio y demás documentos electorales, garantizando la cadena de custodia durante todo el proceso. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe informar a la ONPE sobre la identidad de los responsables, las rutas de traslado y los detalles logísticos correspondientes.
La demanda presentada por Ayala abre un nuevo frente de controversia en un escenario electoral ya marcado por tensiones políticas y cuestionamientos posteriores a los resultados. Aunque el recurso no plantea una acusación de fraude, sí busca invalidar el voto de miles de peruanos residentes en el extranjero a partir de una discusión sobre la legalidad de las reglas aplicadas durante el proceso.
El caso pone sobre la mesa un debate sensible: hasta qué punto las modificaciones administrativas o reglamentarias pueden realizarse una vez convocadas las elecciones sin afectar la seguridad jurídica del proceso. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el impacto que tendría una eventual nulidad de los votos emitidos por ciudadanos peruanos que ejercieron un derecho constitucional bajo procedimientos aprobados por los organismos electorales.
De prosperar la demanda, el caso podría generar un precedente de gran alcance para futuros procesos electorales y reavivar la discusión sobre la estabilidad de las normas electorales. Mientras tanto, la controversia añade presión sobre las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad y transparencia del sistema democrático.