30/07/26.-
El nuevo Gabinete Ministerial encabezado por Luis Galarreta enfrenta cuestionamientos luego de que las declaraciones juradas de sus integrantes revelaran un amplio historial de investigaciones fiscales y procesos judiciales por presuntos delitos vinculados con corrupción y otros ilícitos.
El propio presidente del Consejo de Ministros figura con dos investigaciones activas relacionadas con presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. Además, declaró antecedentes por presunto fraude electoral y nombramiento ilegal.
La situación se repite en diferentes carteras. El titular del Interior, César Astudillo, registra una investigación por presunto peculado y antecedentes por lesiones graves, mientras que Alberto Beingolea reportó procesos por colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
Otros ministros también consignaron investigaciones o procesos previos. César Álvarez declaró acusaciones constitucionales pendientes; Carlos Espá informó una investigación por cohecho y Mauricio Arnillas, de Vivienda, reconoció una sentencia por lesiones culposas, además de antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
Uno de los casos que más llama la atención corresponde a Vladimir Huaroc, ministro del Ambiente, quien declaró 51 investigaciones por delitos que incluyen abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, nombramiento ilegal, hurto y otros.
Juan Carlos Requejo reportó diez investigaciones, mientras Guillermo Shinno declaró veinte sin precisar los delitos. Marco Vineli registró diez casos vinculados, entre otros, con corrupción de funcionarios, cohecho y abuso de autoridad.
Aunque figurar como investigado no significa ser culpable, la cantidad y naturaleza de estos antecedentes abren un debate serio sobre los filtros aplicados por el Ejecutivo para conformar su equipo. La transparencia de las declaraciones es importante, pero insuficiente: el Gobierno debería explicar qué criterios de idoneidad, integridad y confianza utilizó para designar a funcionarios con antecedentes tan diversos.
El verdadero desafío será demostrar que estas designaciones responden a criterios técnicos y no a acuerdos políticos, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción exige credibilidad institucional.