30/07/26.-
El Ministerio de Educación vuelve a colocar a Doris Lorena Gavilano Iglesias en uno de sus cargos administrativos más relevantes. Mediante la Resolución Ministerial N.º 418-2026-MINEDU, el ministro José Antonio Chang oficializó su retorno a la Secretaría General, puesto que había ocupado desde mayo de 2024 hasta su renuncia, aceptada el 7 de junio de 2026.
La decisión genera cuestionamientos debido a que Gavilano no retorna al cargo sin antecedentes controvertidos. Durante su anterior gestión, su trayectoria y las condiciones bajo las cuales accedió al puesto fueron objeto de observaciones públicas. A ello se suma su aparición en investigaciones fiscales relacionadas con presuntas irregularidades en la administración pública.
La Secretaría General no es un cargo menor dentro del Minedu. Desde esta instancia se coordinan decisiones administrativas, se supervisan oficinas y se ejecutan disposiciones que afectan el funcionamiento interno de todo el sector. Por ello, su designación adquiere especial relevancia en términos de transparencia y confianza institucional.
En abril de 2026, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias y allanamientos vinculados con presuntas irregularidades en nombramientos efectuados durante la gestión del expresidente interino José Jerí. Entre los funcionarios investigados figuran Gavilano y Magali Meza Mundaca, entonces responsable de Recursos Humanos del Minedu, por la validación del perfil de Violeta Beas Otero para un cargo en la Secretaría Nacional de la Juventud.
La Fiscalía cuestionó que Beas no habría demostrado la experiencia requerida. En ese contexto, la participación de funcionarios encargados de validar perfiles adquiere particular importancia y deberá ser esclarecida dentro de las investigaciones, sin prejuzgar responsabilidades.
Además, una investigación periodística de Lima Gris puso bajo la lupa la documentación utilizada para sustentar el nombramiento de Gavilano en 2024, señalando que entre los documentos figuraban una declaración jurada y una constancia laboral suscrita por quien entonces era su esposo.
Gavilano, abogada de amplia trayectoria dentro del Ministerio de Educación, también fue incorporada como investigada en otra carpeta fiscal relacionada con el licenciamiento de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Paulo VI. El propio Minedu autorizó su solicitud de defensa legal, conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil.
Su regreso plantea, por tanto, una pregunta política e institucional inevitable: ¿qué criterios está priorizando el Ejecutivo para designar a quienes ocupan posiciones estratégicas del Estado? Si bien una investigación fiscal no equivale a una condena ni impide automáticamente ejercer un cargo público, el Gobierno debería explicar con claridad las razones que sustentan su decisión y garantizar que los estándares de idoneidad, transparencia e integridad sean aplicados sin excepciones.
La controversia no se limita a la persona designada. El verdadero desafío para el Minedu será demostrar que esta reincorporación responde a criterios técnicos y administrativos verificables, y no a cuotas de confianza política. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué evaluación se realizó antes de devolver a Gavilano una posición con capacidad de decisión dentro de uno de los sectores más sensibles del país.
