27/03/26.-
El escenario electoral suma un nuevo episodio de confrontación legal tras la decisión de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y candidato presidencial, de interponer una denuncia por difamación agravada contra Fernando Olivera. La acción judicial surge a raíz de las declaraciones emitidas por Olivera durante el debate del 23 de marzo, donde lanzó acusaciones de alta gravedad. Como parte de la demanda, Acuña exige una reparación civil de 20 millones de soles.
Desde APP, su secretario general Luis Valdez respalda la denuncia y sostiene que las afirmaciones de Olivera no solo carecen de sustento, sino que constituyen un atentado directo contra el honor y la reputación del candidato, derechos protegidos por la Constitución. Incluso, considera improbable que el líder del Frente de la Esperanza logre sostener una defensa sólida frente a las imputaciones legales.
Durante el debate, Olivera calificó al partido de Acuña como una organización criminal y lo vinculó con presuntas redes de narcotráfico, además de acusarlo de prácticas indebidas en el ámbito educativo. Estas declaraciones, emitidas en un contexto de alta exposición pública, intensificaron el conflicto y ahora trasladan la disputa al terreno judicial.
Desde APP se ha descartado cualquier posibilidad de conciliación, incluso si existiera una eventual rectificación. La dirigencia señala que el objetivo no es solo sancionar legalmente, sino también desmentir versiones que —afirman— han circulado sin pruebas y han dañado la imagen del candidato.
En paralelo, se anunció que el monto solicitado como reparación sería destinado a programas de apoyo a niños con anemia y desnutrición, lo que introduce un componente político y simbólico en medio del litigio.
Este caso refleja una tendencia recurrente en campañas electorales: el uso de acusaciones graves como estrategia de confrontación, muchas veces sin evidencia concluyente, lo que deteriora el debate democrático. La judicialización de estos conflictos plantea interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión y la difamación, así como sobre el rol de la justicia en medio de disputas políticas que, lejos de centrarse en propuestas, terminan dominadas por ataques personales.