27/03/26.-
Un nuevo atentado contra el transporte público expone la creciente fragilidad de la seguridad en el Callao. Durante la madrugada del 27 de marzo, una combi que cubría la ruta Lima–Callao fue incendiada en el cruce de las avenidas Venezuela y García Calderón, en un ataque atribuido a redes de extorsión que operan con violencia sistemática. El hecho resulta aún más alarmante porque, según los propios transportistas, estos ya venían pagando cupos diarios que oscilaban entre los 8 y 15 soles, lo que evidencia que la extorsión no solo persiste, sino que se multiplica entre distintas organizaciones criminales en disputa.
Detrás del atentado no solo habría una banda, sino una pugna entre grupos delictivos —como los denominados “Al Qaeda” y “Perú Unido”— que convierten a los choferes en víctimas de una doble presión: pagar o enfrentar represalias. Este escenario refleja un mercado ilegal consolidado, donde la violencia funciona como mecanismo de control territorial.
La unidad destruida representaba el único sustento de una familia, lo que evidencia cómo la criminalidad golpea directamente a economías ya vulnerables. Además, este sería el cuarto ataque contra la misma línea en menos de dos semanas, confirmando un patrón de violencia reiterada más que hechos aislados.
El testimonio del propietario revela la rapidez y crudeza del ataque: en cuestión de segundos, los agresores rociaron combustible y provocaron un incendio que consumió el vehículo sin posibilidad de reacción. Este tipo de acciones no solo busca castigar, sino enviar un mensaje de intimidación al resto del gremio.
La situación en el Callao no es nueva, pero sí cada vez más grave. Casos recientes incluyen el asesinato de conductores, ataques a balazos contra unidades en circulación y víctimas colaterales como pasajeros. De hecho, una mujer falleció tras un tiroteo contra una combi en la avenida Argentina, evidenciando que la violencia ya no distingue entre trabajadores y civiles
Las denuncias del gremio apuntan a que avenidas clave como Argentina se han convertido en corredores dominados por extorsionadores, quienes imponen pagos obligatorios bajo amenaza de muerte. Este fenómeno confirma la expansión de economías criminales que operan con impunidad y que, en muchos casos, superan la capacidad de respuesta del Estado.
El problema de fondo es estructural. La reiteración de ataques, el cobro sistemático de cupos y la aparición de múltiples bandas sugieren que la extorsión ha dejado de ser un delito ocasional para convertirse en un sistema paralelo que regula el transporte informal. La falta de denuncias por miedo a represalias y la limitada intervención efectiva de las autoridades consolidan este círculo de violencia.
En este contexto, el incendio de una combi no es solo un hecho policial, sino un síntoma de una crisis mayor: la pérdida de control del espacio público frente a organizaciones criminales que han encontrado en el transporte urbano una fuente constante de ingresos y poder.