22/05/26.-
El asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, ha generado conmoción en la región Piura y vuelve a poner en debate el avance de la criminalidad en el país. La autoridad edil fue atacada a balazos la tarde del jueves 21 de mayo mientras se desplazaba en su camioneta particular cerca de un parque del distrito, en medio de una transitada zona y ante la mirada de decenas de ciudadanos.
De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió alrededor de la 1:30 p.m., cuando presuntos sicarios interceptaron el vehículo y abrieron fuego de manera directa contra el burgomaestre y su conductor. Tras el ataque, vecinos y transeúntes auxiliaron rápidamente a las víctimas y las trasladaron a establecimientos de salud de la ciudad.
Víctor Hugo Febre fue ingresado al centro de salud San Sebastián; sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. En tanto, el conductor de la unidad permanece internado en estado crítico en un hospital local.
Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar la zona y recopilar pruebas balísticas que permitan identificar a los responsables. Asimismo, unidades especializadas iniciaron diligencias en los alrededores del parque, revisando posibles cámaras de seguridad y recabando testimonios de testigos que presenciaron el atentado.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato ni la identidad de los autores materiales. La incertidumbre y el temor se han instalado entre los vecinos del distrito, mientras familiares y ciudadanos exigen una investigación rápida y resultados concretos.
Este crimen expone nuevamente la creciente ola de violencia que golpea distintas regiones del Perú y evidencia la fragilidad de las estrategias de seguridad frente al avance del sicariato. El hecho de que un alcalde haya sido asesinado en plena vía pública, a plena luz del día y en presencia de civiles, refleja el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales. La situación también pone presión sobre el Gobierno y las autoridades policiales, cuestionadas por la falta de resultados efectivos ante el incremento de homicidios y ataques armados contra autoridades, empresarios y ciudadanos.
