22/05/26.-
Las declaraciones de Miki Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, han generado una fuerte controversia política tras reconocer públicamente que la salida del expresidente Pedro Castillo fue resultado de un trabajo coordinado entre distintos sectores del poder político e institucional del país. Durante una entrevista televisiva, el dirigente sostuvo que la destitución del exmandatario “no fue sencilla” y aseguró que participaron activamente periodistas, el Congreso de la República y el Ministerio Público.
Torres afirmó que en los últimos años el país atravesó una etapa de “contención” frente al gobierno de Castillo y señaló que existió una suma de esfuerzos para lograr su salida del poder. Aunque reconoció que el propio exjefe de Estado contribuyó a su caída con sus decisiones políticas y el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, sus expresiones fueron interpretadas por diversos sectores como una admisión explícita de coordinación entre actores políticos, mediáticos y judiciales.
Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en redes sociales y el rechazo de analistas políticos, abogados y periodistas, quienes cuestionaron la ligereza con la que el dirigente fujimorista se refirió a un episodio que marcó una de las mayores crisis políticas recientes del Perú. La periodista Rosa María Palacios sostuvo que “cuando la gente conspira para sacar a un presidente del poder, eso se llama sedición”, frase que intensificó aún más el debate público.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la profunda polarización política que atraviesa el país y alimenta las sospechas de un sector de la ciudadanía que considera que la caída de Pedro Castillo no solo respondió a sus errores y denuncias de corrupción, sino también a intereses políticos y económicos que buscaban sacarlo del cargo desde el inicio de su mandato.
Si bien el expresidente terminó destituido tras intentar cerrar ilegalmente el Congreso, las declaraciones de Torres podrían reforzar el discurso de quienes denuncian una presunta articulación entre instituciones para debilitar al gobierno. El caso evidencia además el deterioro de la confianza ciudadana en los poderes del Estado y en la independencia de actores como la prensa y el sistema judicial, en un contexto donde la crisis política peruana continúa sin encontrar estabilidad ni consensos democráticos claros.