18 NOVIEMBRE 2025.-
El Congreso de la República aprobó un dictamen que amplía la protección estatal para los hijos de transportistas asesinados durante el ejercicio de sus labores, en medio de una ola de violencia que golpea con fuerza al sector transporte. La iniciativa, promovida por la Comisión de Mujer y Familia, responde a un escenario marcado por asesinatos y extorsiones que han alcanzado niveles históricos este año.
El dictamen forma parte del Proyecto de Ley N.º 12602/2025-CR, presentado por la legisladora Ruth Luque Ibarra, y modifica la Ley N.º 31405 para garantizar pensiones de orfandad y asistencia integral a menores que perdieron a uno de sus padres mientras trabajaba como conductor. La propuesta asegura una pensión hasta los 18 años, o hasta los 24 si los beneficiarios continúan estudios superiores, como parte de una estrategia para evitar que queden en situación de desamparo económico.
Durante el debate, la presidenta de la comisión, Milagros Jáuregui de Aguayo, remarcó que el Estado no puede ignorar la magnitud del problema y el impacto social de cada asesinato. Y es que las cifras son contundentes: hasta el 9 de noviembre de 2025, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 56 conductores asesinados en Lima y Callao, un promedio que revela una muerte cada ocho horas.
Según el Observatorio, el 80% de los crímenes sigue un patrón repetido: dos atacantes en moto, disparos directos y fuga inmediata. San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres figuran entre las zonas más golpeadas. A esto se suma el aumento desbordado de extorsiones, que superaron las 30 mil denuncias entre enero y septiembre.
La comisión también aprobó otras iniciativas relacionadas con la protección de grupos vulnerables, incluyendo endurecimiento de penas por abandono, ampliación del concepto de desplazados internos y medidas para agilizar pruebas anticipadas en casos de trata y delitos sexuales contra menores.
El dictamen pasará al Pleno, donde deberá recibir aprobación final. Aunque los gremios del transporte consideran el avance positivo, señalan que la respuesta legislativa sigue siendo insuficiente frente a la violencia que viven a diario miles de conductores.
La medida intenta reparar una deuda del Estado con las familias de transportistas, pero actúa más como paliativo que como solución estructural. Mientras el crimen organizado continúe operando con impunidad, las pensiones no resolverán el origen del problema: la falta de seguridad, la escasa presencia policial y la ausencia de políticas criminales efectivas. Los datos revelan un sistema que reacciona tarde y que sigue legislando sobre las consecuencias, no sobre las causas. Se requiere una política integral que frene el avance de las mafias antes de seguir sumando víctimas.