20 NOVIEMBRE 2025.-
El Congreso de la República volvió a mostrar sus divisiones internas al no lograr los votos necesarios para inhabilitar por diez años a la exprimera ministra Betssy Chávez, investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado impulsado por Pedro Castillo en 2022. El informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentado por el congresista Jorge Montoya, obtuvo únicamente 63 votos a favor, cinco menos de los requeridos, lo que obligó a que el caso sea archivado, según informó el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.
Montoya recordó que Chávez, quien actualmente permanece en la embajada de México tras recibir asilo político y aguarda un salvoconducto para abandonar el país, fue debidamente notificada el 30 de julio de 2024 sobre el proceso en su contra. Señaló además que se le otorgó el plazo reglamentario para presentar su defensa, pero no cumplió con hacerlo, lo que permitió continuar el trámite sin sus descargos. El legislador insistió en que existen elementos suficientes para concluir que la entonces jefa de la PCM participó en la ruptura del orden constitucional.
Por su parte, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, volvió a calificar a su patrocinada y al expresidente Castillo como víctimas de persecución política. También acusó al Congreso de actuar movido por intereses electorales y no por criterios jurídicos.
Tras la votación fallida, se registraron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que abre la puerta a un nuevo debate parlamentario. La sanción requería una votación calificada de dos tercios del Pleno, excluyendo a los miembros de la comisión acusadora. De haberse aprobado, Chávez hubiera quedado impedida de competir en los comicios de 2026, para los cuales ya había expresado su intención de postular por Juntos por el Perú. Además, continúa pendiente otro informe que también recomienda su inhabilitación por su rol en el frustrado autogolpe.
La exministra enfrenta acusaciones por coordinar la elaboración y difusión del mensaje televisado en el que Castillo anunciaba la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y la creación de un gobierno de excepción. Mientras tanto, México ha reiterado que Chávez permanece en su embajada en Lima, situación que generó la ruptura formal de relaciones diplomáticas por parte del gobierno peruano, tensiones que se arrastran desde que México se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta.
El actual gobernante interino, José Jerí, señaló que la exfuncionaria no podrá salir del país hasta que se resuelva la entrega del salvoconducto. Un reporte de Perú21 detalló que al menos cinco agentes de la PNP mantienen resguardo permanente en los alrededores de la embajada mexicana, cuyos gastos de estadía están siendo cubiertos por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La decisión del Congreso revela un clima político marcado por cálculos estratégicos y no necesariamente por la búsqueda de responsabilidades claras. La ausencia de votos suficientes evidencia fracturas internas y posibles intereses electorales en juego, teniendo en cuenta la intención de Chávez de volver a la arena política en 2026. La figura del asilo otorgado por México añade un componente diplomático que agrava el conflicto y expone la incapacidad del Estado peruano para manejar con cohesión un caso de alta sensibilidad institucional. El archivamiento, lejos de cerrar el capítulo, prolonga la incertidumbre y alimenta la narrativa de persecución que la defensa de Chávez ha sabido aprovechar.