07/07/26.-
Un conductor de la empresa de transportes Translima fue asesinado a balazos mientras cubría su recorrido habitual con pasajeros a bordo en el distrito de Carabayllo. El ataque ocurrió en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo, donde sujetos armados interceptaron la unidad y dispararon contra el chofer, quien quedó gravemente herido al volante.
La víctima pertenecía a la ruta 18, servicio de transporte público que conecta los distritos de Jesús María y Carabayllo. El atentado generó escenas de pánico entre los pasajeros y vecinos de la zona, quienes presenciaron el violento ataque en plena vía pública.
Tras la agresión, pasajeros, transeúntes y efectivos policiales auxiliaron al conductor y lo trasladaron de emergencia en un patrullero hacia el Hospital Sergio Bernales, en Comas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el trabajador falleció debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con el reporte del hospital, la víctima presentaba siete impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, lesiones que comprometieron gravemente sus signos vitales y terminaron ocasionando su muerte.
Compañeros de la empresa Translima señalaron que el crimen estaría relacionado con organizaciones dedicadas a la extorsión. Según denunciaron, desde hace aproximadamente dos años la empresa viene siendo obligada a pagar cupos a una presunta banda criminal conocida como «Los Centauros», que exigiría dinero de manera constante para permitir la circulación de las unidades de transporte.
Los trabajadores indicaron que este sería el primer atentado mortal contra un conductor de la ruta 18. No obstante, recordaron que otras rutas operadas por la misma empresa, como la ruta 29, ya habían sido blanco de ataques similares, situación que incluso obligó a suspender temporalmente el servicio hasta que se dispuso resguardo policial.
El asesinato de un conductor de transporte público vuelve a evidenciar el avance de la criminalidad organizada y la creciente vulnerabilidad de quienes trabajan diariamente en las calles. Las denuncias de pagos extorsivos durante varios años reflejan una problemática que trasciende un hecho aislado y pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los transportistas.
Mientras las organizaciones criminales continúan operando con violencia para imponer el cobro de cupos, miles de conductores y pasajeros permanecen expuestos a ataques que afectan no solo la seguridad ciudadana, sino también la continuidad del servicio de transporte público. Este nuevo crimen refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de inteligencia, investigación y protección para enfrentar las redes de extorsión que siguen expandiéndose en diversos distritos de la capital.