12/03/26.-
La empresa de transporte público Santa Catalina suspendió temporalmente sus operaciones tras el asesinato de uno de sus conductores, ocurrido la tarde del miércoles 11 de marzo en Villa El Salvador. La víctima fue identificada como Michel Hurtado Serna, de 44 años, quien fue atacado a balazos en el paradero inicial de la ruta 23 mientras se preparaba para iniciar su jornada laboral. La compañía informó que la paralización del servicio se mantendrá, al menos, hasta el viernes 13 de marzo.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el conductor recibió al menos tres disparos efectuados por presuntos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Hurtado Serna, natural de Andahuaylas y padre de familia, llevaba alrededor de 25 años trabajando en la empresa. Sus compañeros lamentaron el hecho y señalaron que el crimen ocurrió cuando el transportista se encontraba cumpliendo con sus labores.
Tras el asesinato, varios conductores decidieron no salir a trabajar como medida de protesta y por temor ante el incremento de la violencia en el sector. Según testimonios recogidos entre los trabajadores, los choferes se ven obligados a pagar entre 20 y 30 soles diarios a organizaciones criminales que operan mediante extorsiones. Los transportistas también denunciaron que no reciben información clara por parte de la empresa respecto a estos cobros o a posibles medidas de seguridad.
Los trabajadores señalaron además que la violencia no es un problema reciente. Durante el año 2025, al menos tres conductores de la empresa habrían sido víctimas de ataques armados. Uno de ellos, identificado como Arturo Álvarez, permanece gravemente herido tras haber sido baleado y, según sus compañeros, enfrenta los gastos de hospitalización por cuenta propia.
Desde una mirada crítica, este caso evidencia el nivel de vulnerabilidad en el que operan miles de conductores del transporte público en Lima. La extorsión sistemática, el cobro de cupos y los ataques armados se han convertido en una realidad cotidiana para muchos trabajadores del sector, quienes deben elegir entre pagar a organizaciones criminales o arriesgar su vida.
Asimismo, el asesinato de Hurtado Serna revela una falla estructural en la respuesta institucional frente a la criminalidad que afecta al transporte urbano. La falta de mecanismos de protección, la ausencia de estrategias sostenidas contra las mafias de extorsión y la limitada coordinación entre autoridades y empresas han permitido que estas organizaciones consoliden su presencia.
El resultado es un escenario donde los conductores, considerados el eslabón más vulnerable de la cadena, enfrentan solos la presión del crimen organizado, mientras la violencia continúa impactando no solo a los trabajadores, sino también a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.