12/03/26.-
La madrugada del jueves 12 de marzo se registró un violento incendio que consumió un bus de transporte público en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana en la vía Evitamiento, en dirección de sur a norte, cuando el conductor se encontraba descansando dentro del vehículo mientras esperaba iniciar su jornada laboral.
De acuerdo con información preliminar de la Policía, el chofer permanecía dentro de la unidad cuando se inició el fuego. Las llamas se expandieron rápidamente por el interior del bus, atrapándolo en medio del incendio. Vecinos y comerciantes de la zona, alertados por el humo y el fuego, acudieron al lugar y lograron rescatar al conductor, quien salió con aproximadamente el 90% del cuerpo quemado. El hombre fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde su estado de salud es crítico.
Con el paso de las horas, las investigaciones policiales comenzaron a apuntar hacia una posible causa criminal. Las primeras hipótesis indican que el incendio habría sido provocado intencionalmente como parte de un atentado vinculado a redes de extorsión que operan contra el transporte público. Según la versión preliminar de los investigadores, un individuo habría rociado combustible en la unidad y posteriormente prendido fuego mientras el conductor dormía.
Las imágenes posteriores al siniestro evidencian la magnitud del incendio. El bus quedó completamente calcinado, reducido prácticamente a su estructura metálica, con los asientos y componentes interiores destruidos por el intenso calor.
El fuego también afectó a varios puestos de comercio instalados cerca del paradero. Vendedores de frutas, dulces y alimentos perdieron mercadería y herramientas de trabajo. Una comerciante relató que perdió su horno, utensilios y productos con los que preparaba pizzas, pasteles y bebidas, calculando pérdidas que superarían los cinco mil soles.
En un inicio, los bomberos no descartaron que una posible fuga de gas hubiera originado el incendio. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias policiales, tomó mayor fuerza la hipótesis de un ataque vinculado a la ola de extorsiones que afecta a empresas de transporte en Lima.
Horas antes del atentado, transportistas habían recibido mensajes amenazantes atribuidos a la banda criminal conocida como “Los Mexicanos”. En los videos difundidos, los delincuentes aparecen exhibiendo armas y exigiendo a los conductores el pago de un cupo diario de veinte soles para permitir que continúen operando.
Este caso no sería un hecho aislado. En el distrito de Villa El Salvador también se reportó recientemente el incendio de otra unidad de transporte en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y María Reiche. Testigos señalaron que sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron un objeto incendiario contra el vehículo y luego escaparon.
En ese segundo ataque, los propios criminales habrían grabado el atentado para difundir el video entre los transportistas como una forma de presión y advertencia para que accedan a pagar el dinero exigido.
La Policía Nacional investiga si ambos atentados están conectados y si forman parte de una misma estructura criminal dedicada a extorsionar al sector transporte. La coincidencia de los ataques en un corto periodo de tiempo refuerza la sospecha de una estrategia de intimidación sistemática.
Desde una perspectiva crítica, estos hechos reflejan el avance de la criminalidad organizada en actividades económicas cotidianas como el transporte público. La modalidad de extorsión mediante incendios o ataques directos contra unidades evidencia la vulnerabilidad de los conductores, quienes muchas veces trabajan en horarios nocturnos sin medidas de seguridad adecuadas.
Además, el uso de violencia extrema como mecanismo de presión revela un escenario preocupante para la seguridad ciudadana. No solo se pone en riesgo la vida de los transportistas, sino también la de pasajeros, comerciantes y vecinos que se encuentran cerca de los puntos de ataque. La repetición de este tipo de atentados plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para contener el crecimiento de redes criminales que han convertido la extorsión en una fuente constante de financiamiento ilícito.
