Cómo parte de los controles de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautó un equipo celular a visitante durante la jornada de entrega de paquetes para internos, en el Establecimiento Penitenciario del Callao. El hecho se registró cuando el personal encargado de la revisión de paquetes detectó que la visitante, Elsa Giovana Joaquin Vega, que acudía a dejar un paquete para el interno, Yoe Santos Aquino, portaba un teléfono celular con un chip, entre sus pertenencias. De inmediato, se comunicó la intervención al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, para que realicen las diligencias respectivas. La intervenida fue trasladada a la comisaría de Sarita Colonia. El INPE ha intensificado las revisiones en los establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos prohibidos y garantizar la seguridad interna, contribuyendo al orden y disciplina en los recintos penitenciarios.

20/04/26.-

El Instituto Nacional Penitenciario informó que, durante los controles de seguridad realizados el 18 de abril en el penal del Callao, se incautó un teléfono celular a una visitante que acudía a entregar un paquete a un interno. El hallazgo se produjo en el área de revisión, cuando el personal detectó que la mujer portaba el dispositivo con chip entre sus pertenencias.

Tras la intervención, se dio aviso al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, que asumieron las diligencias correspondientes. La implicada fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las investigaciones.

El caso se enmarca en las acciones de control que el INPE viene reforzando en los centros penitenciarios para evitar el ingreso de objetos prohibidos, como celulares, que suelen ser utilizados por internos para coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales.

Sin embargo, este tipo de incidentes vuelve a evidenciar las constantes brechas en los sistemas de seguridad penitenciaria. Aunque las incautaciones reflejan cierta eficacia en los controles, también dejan en evidencia que persisten intentos reiterados por vulnerarlos. La recurrencia de estos hechos plantea dudas sobre si las medidas actuales son suficientes o si se requiere una estrategia más integral para frenar el uso de comunicaciones ilegales dentro de las cárceles.