
16 JUNIO.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha incluido a Bolivia entre los 19 países que requieren atención prioritaria debido a un posible agravamiento de la hambruna. Así lo revela un informe conjunto de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), publicado el 16 de junio, que advierte sobre el riesgo de mayor inseguridad alimentaria entre junio y octubre de 2025.
El documento advierte que el acceso a los alimentos en Bolivia se ve cada vez más afectado por una economía en deterioro, altos niveles de inflación y escasez de combustibles. Si no se toman acciones inmediatas, se estima que la cantidad de personas en situación crítica podría aumentar considerablemente. En octubre de 2024, se estimaba que aproximadamente 2,2 millones de ciudadanos —alrededor del 19 % de la población— ya vivían bajo inseguridad alimentaria aguda.
La ONU atribuye esta situación principalmente a una inflación descontrolada que ha encarecido la canasta básica, alcanzando niveles no vistos en 30 años. Además, la falta de divisas está afectando la importación de productos esenciales como alimentos, fertilizantes, semillas y combustibles. La caída de las reservas internacionales ha generado un mercado paralelo del dólar, encareciendo aún más los productos y afectando el poder adquisitivo de los hogares bolivianos.
El informe también advierte que la falta de diésel está impactando negativamente en el transporte, la agricultura y el procesamiento de alimentos, especialmente en zonas rurales. La baja producción de maíz y las dificultades logísticas han provocado un aumento en los costos de distribución y una reducción del abastecimiento en los mercados locales, lo que agrava la situación de las comunidades más vulnerables.
Por su parte, el Gobierno boliviano rechazó el informe. La canciller Celinda Sosa afirmó que el país cuenta con un sector productivo dinámico y negó que exista riesgo de hambruna. También señaló que se ha solicitado información técnica a las agencias de la ONU para contrastar los datos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, atribuyó parte de los problemas económicos a los bloqueos impulsados por grupos afines al expresidente Evo Morales a comienzos del año, los cuales, según dijo, interrumpieron la distribución de alimentos y combustibles.
Finalmente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el impacto social y económico en la población boliviana y los enfrentamientos durante protestas recientes, que dejaron al menos cinco fallecidos. El organismo instó a realizar investigaciones imparciales y pidió un diálogo nacional para evitar que la situación se torne aún más crítica.