06/02/26.-
Luego de que se hiciera público que Betssy Chávez venía difundiendo mensajes de corte proselitista en favor de la candidatura de su madre desde el lugar donde permanece asilada, la Cancillería peruana expresó una protesta formal al Gobierno de México, manifestando su absoluto descontento por lo ocurrido.
La ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo permanece refugiada en el inmueble que anteriormente ocupaba el cónsul mexicano en el Perú, residencia que quedó bajo control del Estado mexicano tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde ese espacio, y aprovechando las visitas de su madre, Herminia Chino, Chávez habría participado en la elaboración de contenidos políticos vinculados a la campaña rumbo a las Elecciones Generales de 2026, en las que Chino postularía al Congreso por el partido Podemos Perú.
Mientras se mantiene a la espera del salvoconducto que le permita salir del país, Betssy Chávez incurrió en una conducta que contraviene la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, la cual prohíbe expresamente que las personas asiladas intervengan en la política interna del Estado que las acoge. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tomó contacto con las autoridades mexicanas tras detectar la difusión de grabaciones y mensajes políticos en redes sociales, con el fin de expresar el malestar del Estado peruano.
La Cancillería precisó que su reclamo se sustenta en lo establecido en el artículo XVIII de dicha convención, que regula las obligaciones y límites de los solicitantes de asilo. Finalmente, Torre Tagle indicó que el Gobierno peruano recibió la confirmación de que el material audiovisual fue retirado de las plataformas digitales y que este tipo de acciones no volverá a repetirse.
El caso vuelve a tensionar una relación diplomática ya deteriorada entre Perú y México, y evidencia los vacíos de control en situaciones de asilo prolongado sin resolución. Más allá del retiro de los contenidos, el episodio plantea interrogantes sobre el uso político de una figura jurídica concebida para la protección humanitaria y no para la intervención electoral. La reacción de la Cancillería busca marcar un precedente y reafirmar la soberanía peruana frente a actos que podrían sentar un precedente riesgoso, especialmente en un contexto preelectoral donde la neutralidad y el respeto al derecho internacional resultan claves para preservar la estabilidad institucional.
