27/06/26.-
La Policía Nacional del Perú capturó en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, a Víctor Eduardo Mantilla Julca, excandidato al Congreso por Unión por el Perú en las elecciones de 2020, quien era buscado internacionalmente tras registrarse una alerta roja emitida por Interpol a pedido de las autoridades argentinas.
Según la información policial, el detenido enfrenta una investigación en Argentina por el presunto delito de comercialización agravada de drogas y por su supuesta participación en una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de captura internacional que permitió su ubicación y detención en territorio peruano.
Mantilla Julca también había postulado anteriormente a la Alcaldía de El Porvenir. Su trayectoria política ya había estado rodeada de cuestionamientos, debido a que durante su campaña al Congreso fue vinculado a una investigación fiscal iniciada en 2010 que lo relacionaba presuntamente con una organización de «marcas». En aquel proceso, el Ministerio Público llegó a solicitar una condena de hasta 15 años de prisión.
Tras su captura, el exaspirante político fue trasladado a la sede de la Policía Judicial, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias vinculadas al requerimiento internacional presentado por la justicia argentina.
La detención de un excandidato político requerido por Interpol vuelve a poner en debate los mecanismos de control y fiscalización de quienes buscan ocupar cargos públicos. Aunque las investigaciones y procesos judiciales no constituyen una sentencia, la participación de personas con antecedentes o cuestionamientos en procesos electorales evidencia las debilidades de los filtros existentes en el sistema político peruano.
Asimismo, el caso refleja la importancia de la cooperación internacional entre la Policía Nacional e Interpol en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, delitos que operan más allá de las fronteras. Sin embargo, también expone la necesidad de fortalecer la transparencia en las organizaciones políticas y exigir mayores estándares éticos a quienes aspiran a representar a la ciudadanía.