26/06/26.-
El personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas Charca, presentó una denuncia penal ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, contra diversas autoridades políticas y electorales del país, entre ellas el presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja, el expresidente de la ONPE Piero Corvetto, el jefe interino Bernardo Pachas, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y la virtual presidenta electa Keiko Fujimori.
La denuncia sostiene que los mencionados funcionarios habrían integrado una presunta organización criminal destinada a alterar los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026. Sin embargo, el documento presentado ante la Fiscalía no incorpora pruebas documentales, informes periciales ni elementos técnicos que permitan acreditar las acusaciones formuladas.
El escrito solicita la apertura de una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, atentado contra el derecho al sufragio, perturbación del proceso electoral, abuso de autoridad y omisión de funciones.
Entre los argumentos expuestos se menciona una supuesta operación coordinada desde las más altas esferas del poder político y electoral para modificar los resultados de los comicios. No obstante, las afirmaciones incluidas en la denuncia carecen de evidencias concretas que respalden la existencia de un fraude electoral.
Asimismo, el documento cuestiona el Decreto Supremo N.° 250-2025-EF, que actualizó las remuneraciones de embajadores y cónsules. Según la denuncia, esta medida habría servido para favorecer intereses vinculados al voto en el extranjero, aunque no se presentan elementos que sustenten dicha hipótesis.
La denuncia también pone en duda algunos cambios diplomáticos realizados por la Cancillería, argumentando una presunta ausencia de fiscalización. Sin embargo, la propia institución había precisado que los funcionarios continuaron ejerciendo sus cargos hasta la formalización de sus relevos.
Otro de los cuestionamientos se dirige a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), utilizada durante el proceso electoral. El documento señala supuestas vulnerabilidades en el sistema, aunque no adjunta informes técnicos, auditorías o peritajes que respalden tales afirmaciones.
Además, se vuelve a cuestionar la resolución de la ONPE sobre el escrutinio de votos en el extranjero, tema que ya había sido evaluado y rechazado anteriormente por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Finalmente, el escrito menciona una presunta injerencia de la Embajada de Estados Unidos en el proceso electoral y atribuye un supuesto rol político al embajador Bernie Navarro, aunque tampoco se presentan pruebas que sustenten estas acusaciones.
a presentación de denuncias relacionadas con presuntos fraudes electorales constituye un derecho dentro del sistema democrático; sin embargo, las acusaciones dirigidas contra altas autoridades del Estado y organismos electorales requieren necesariamente de evidencias sólidas y verificables.
La ausencia de documentos, peritajes, informes técnicos o pruebas objetivas debilita el sustento de las acusaciones y dificulta la apertura de un debate basado en hechos comprobables. En un contexto de alta polarización política, las denuncias sin respaldo pueden contribuir al incremento de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales.
Al mismo tiempo, corresponde al Ministerio Público evaluar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones. La transparencia institucional exige que cualquier irregularidad sea investigada, pero también que las acusaciones públicas se sustenten en evidencia concreta.
El desafío para las autoridades electorales y judiciales será garantizar que el debate sobre la legitimidad del proceso electoral se desarrolle sobre hechos verificables y no únicamente sobre presunciones o interpretaciones políticas.
