02/03/26.-
La Comisión de Ética Parlamentaria suspendió la sesión prevista para el 2 de marzo en la que debía evaluarse la situación de la denuncia presentada contra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo. El caso está relacionado con la presunta exposición pública de menores de edad vinculadas al refugio “La Casa del Padre”, institución que ella fundó junto a su esposo, Guillermo Aguayo.
El centro, ubicado en Cieneguilla, funciona como un Centro de Acogida Residencial de orientación evangélica y atiende a madres adolescentes y gestantes víctimas de violación derivadas por el Estado. No obstante, su gestión ha sido cuestionada por presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso y por la posición pública de sus fundadores contraria al aborto terapéutico, incluso en casos de abuso sexual.
Las denuncias sostienen que la legisladora habría mostrado públicamente a niñas víctimas de violencia sexual junto a los hijos nacidos producto de dichas agresiones, lo que especialistas consideran una forma de revictimización y vulneración del derecho a la intimidad. Incluso su partido, Renovación Popular, emitió semanas atrás un pronunciamiento marcando distancia y rechazando cualquier exposición indebida de menores.
Jáuregui rechaza las acusaciones y afirma que ningún albergue tiene potestad legal para obligar a una menor a continuar con una gestación. Sostiene que esa decisión corresponde exclusivamente a juntas médicas autorizadas por el Ministerio de Salud para evaluar casos de aborto terapéutico. A través de una carta notarial, aseguró que no existen pruebas que demuestren un supuesto forzamiento por parte del refugio.
La sesión suspendida debía realizarse en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, con modalidad virtual. La Comisión tiene la facultad de determinar si existen elementos suficientes para abrir o continuar una investigación ética que establezca responsabilidades por una eventual vulneración de derechos fundamentales.
En la agenda también figuraban otros casos, como el informe de calificación contra la congresista Kira Alcarraz por una presunta falta ética y el informe final de denuncias acumuladas contra el legislador Segundo Montalvo Cubas.
La cancelación de la sesión genera cuestionamientos sobre la oportunidad y transparencia en el tratamiento de denuncias que involucran a menores de edad. Cuando se trata de posibles afectaciones a la integridad y privacidad de niñas víctimas de violencia sexual, la respuesta institucional debería ser célere y clara.
El caso pone en el centro un debate sensible: el rol de instituciones con orientación religiosa que reciben fondos o derivaciones del Estado para atender situaciones de extrema vulnerabilidad. Si bien la libertad de credo es un derecho constitucional, la prioridad en estos espacios debe ser la protección integral y neutral de las menores, sin interferencias ideológicas.
Más allá de la defensa legal de la congresista, el fondo del asunto exige esclarecer si hubo exposición indebida y si el Estado supervisa adecuadamente los centros de acogida. La ética parlamentaria no solo implica responsabilidad política, sino también coherencia con la protección irrestricta de los derechos de la niñez.