21/04/26.-
La salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión logística durante las Elecciones Generales 2026. La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia, pero dejó en claro que las investigaciones por las irregularidades registradas el 12 de abril continuarán sin interrupciones.
En su carta, Corvetto justificó su decisión señalando que los problemas en la distribución del material electoral en Lima Metropolitana hacían inviable su permanencia en el cargo. Sostuvo que su dimisión busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial en un clima de mayor confianza ciudadana, en un intento por contener el desgaste institucional.
El exfuncionario reconoció la necesidad de esclarecer lo ocurrido y afirmó que, aunque algunos aspectos podrían explicarse internamente, existen dudas que requieren una investigación independiente y profunda. En esa línea, apeló a la responsabilidad pública como un factor clave no solo para cumplir la ley, sino para garantizar la estabilidad democrática.
Pese a su salida, aseguró que los preparativos para la segunda vuelta del 7 de junio ya están en marcha, y expresó su expectativa de que su reemplazo contribuya a restablecer la credibilidad del proceso electoral. Antes de oficializarse su renuncia, también insistió en la urgencia de brindar certezas a la ciudadanía.
Tras su dimisión, la Junta Nacional de Justicia activó un pleno extraordinario para formalizar su salida, reiterando que esta no lo exime de las investigaciones en curso. En paralelo, Corvetto acudió ante la fiscalía anticorrupción para entregar voluntariamente su pasaporte y autorizar el levantamiento de sus comunicaciones, en un gesto que busca mostrar disposición frente a las indagaciones.
El caso se agrava luego de que el Jurado Nacional de Elecciones presentara una denuncia penal contra Corvetto, funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa encargada de distribuir el material electoral. Las acusaciones incluyen presuntos delitos que habrían afectado el derecho al sufragio, así como omisiones y trabas en el desarrollo de la jornada electoral.
Según la denuncia, los retrasos en la entrega del material impidieron la instalación oportuna de mesas de votación, afectando a miles de electores. Asimismo, se cuestiona la contratación y supervisión de la empresa responsable del traslado, además de fallas en el sistema tecnológico utilizado para el conteo de votos.
Corvetto, abogado especializado en derecho electoral y gestión pública, lideraba la ONPE desde 2020 y estuvo al frente de múltiples procesos electorales. Sin embargo, el balance de su gestión queda ahora bajo escrutinio, especialmente tras haber calificado previamente estos comicios como los más complejos de la historia, debido a los desafíos logísticos y la magnitud del padrón.
El caso expone una vez más las debilidades estructurales en la organización electoral del país. Más allá de las responsabilidades individuales, lo ocurrido evidencia fallas en la planificación, supervisión y ejecución de procesos clave para la democracia. La renuncia, aunque necesaria en términos políticos, no resuelve el problema de fondo: la urgencia de reformar y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar elecciones transparentes y eficientes.
