La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará el martes 11 de marzo la solicitud del expresidente Pedro Castillo para que se anule la medida de prisión preventiva en su contra y se le aplique vigilancia electrónica en el proceso penal que enfrenta por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La audiencia, que se realizará de forma virtual a partir de las 9:00 a. m., analizará el recurso de apelación presentado por Castillo el 10 de febrero. Dicho recurso cuestiona la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 29 de enero, que rechazó su pedido de vigilancia electrónica, argumentando la existencia de nuevos elementos que demostrarían la inexistencia de los delitos atribuidos por la Fiscalía.
La defensa legal de Castillo busca revocar esta decisión y sustituir la prisión preventiva por la medida de vigilancia electrónica. Durante la audiencia, el tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, escuchará a las partes procesales, incluida la intervención del expresidente desde el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, Lima.
La sesión había sido programada inicialmente para el 24 de febrero, pero fue pospuesta debido a que el abogado de Castillo, Carlos Perea, abandonó el penal alegando problemas técnicos que impedían su defensa. Ante esta acción, el juez San Martín advirtió que un comportamiento similar en el futuro llevaría a designar un defensor público.
Por otro lado, la Fiscalía Suprema solicita 34 años de prisión para Castillo, además de su inhabilitación por 3 años y 6 meses, por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave del orden público.
La defensa apoya su solicitud en el artículo 283° del Código Procesal Penal y normas que regulan la vigilancia electrónica, argumentando la necesidad de reducir el hacinamiento carcelario. Sin embargo, el juez Checkley negó este pedido al señalar que dicha medida solo aplica a delitos con penas menores a ocho años, mientras que los cargos de rebelión enfrentados por Castillo contemplan penas de 10 a 20 años. Además, destacó que el penal de Barbadillo no presenta problemas de hacinamiento.