16/04/26.-
Durante su exposición ante el Congreso en busca del voto de confianza, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que el Gobierno viene analizando un nuevo mecanismo de financiamiento para Petroperú. Según explicó, esta medida sería de carácter limitado y estaría sujeta a condiciones específicas, con el objetivo de evitar posibles interrupciones en el suministro de combustibles en el corto plazo.
Sin embargo, el contexto financiero de la empresa estatal genera cuestionamientos. El Instituto Peruano de Economía advierte que el respaldo estatal acumulado ya supera los 25 mil millones de soles entre aportes, garantías y créditos. A pesar de ello, Petroperú arrastra cuatro años consecutivos de pérdidas, lo que pone en duda la efectividad de estas intervenciones.
El jefe del gabinete insistió en que no se trata de un rescate sin restricciones, sino de una acción excepcional dentro de un proceso de reestructuración, que incluiría controles estrictos de caja, supervisión constante y metas verificables. También aseguró que se exigirán ajustes inmediatos, como reducción de costos, priorización de unidades rentables y venta de activos no estratégicos.
No obstante, las críticas no se hicieron esperar. El exministro de Economía David Tuesta cuestionó el anuncio, señalando que el discurso repite promesas ya escuchadas en el pasado. A su juicio, hablar de “nuevo financiamiento” equivale, en la práctica, a inyectar más recursos públicos, probablemente respaldados por el Estado, sin garantías reales de cambio.
Desde una mirada crítica, el caso refleja un patrón recurrente: el Estado continúa destinando recursos a una empresa con resultados negativos sostenidos, sin evidencia clara de una transformación estructural. La insistencia en descartar la privatización, mientras se plantea atraer capital privado, también evidencia una posición ambigua. En este escenario, el riesgo no solo es fiscal, sino también político, al sostener una empresa cuya viabilidad sigue siendo incierta.