26/01/26.-
El avance de la extorsión en el país suma un nuevo caso en el sector educativo. El colegio público Almirante Miguel Grau Seminario, ubicado en San Martín de Porres, suspendió sus clases presenciales tras recibir amenazas dirigidas a su directora, a quien delincuentes le exigen el pago de cupos. Ante el riesgo, la institución optó por trasladar temporalmente las actividades académicas a la modalidad virtual.
A través de un comunicado, el plantel informó a los padres de familia que la suspensión se mantendrá por un periodo de diez días, mientras se coordinan medidas con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana para enfrentar la situación. Según explicó su titular, los extorsionadores habrían solicitado un pago de 10 mil soles, incluso sugiriendo que el dinero provenga de los fondos destinados al mantenimiento del colegio y de ingresos por servicios adicionales.
Frente a esta amenaza, se han implementado acciones de seguridad como la instalación de cámaras conectadas a la Central 105 de la Policía, así como botones de pánico en los dispositivos de los directivos, lo que permite emitir alertas inmediatas y activar respuestas policiales mediante geolocalización.
El caso refleja cómo la inseguridad ha comenzado a impactar directamente en espacios esenciales como las escuelas, afectando no solo la continuidad educativa, sino también el bienestar emocional de estudiantes y docentes. La suspensión de clases presenciales evidencia la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en entornos públicos.
Si bien las medidas tecnológicas implementadas representan un avance en prevención, resultan insuficientes frente a un problema estructural como la extorsión. La situación pone en evidencia la urgencia de políticas más contundentes que no solo reaccionen ante los delitos, sino que los prevengan, evitando que instituciones educativas se conviertan en nuevos blancos del crimen organizado.