26/01/26.-
La Fiscalía de la Nación ha solicitado una condena de tres años, cinco meses y 27 días de prisión efectiva contra el expresidente Francisco Sagasti, a quien se le atribuye el presunto delito de abuso de autoridad. La acusación se origina en la decisión adoptada en noviembre de 2020 de retirar a un grupo de generales de la Policía Nacional del Perú, medida que permitió la designación de César Cervantes como comandante general.
El requerimiento fue presentado por el despacho de Zoraida Ávalos e incluye también a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, para quienes se solicita una pena de dos años y seis meses de prisión por su participación en los hechos durante el gobierno de transición.
Desde la defensa, el abogado Carlos Rivera rechaza la acusación y sostiene que carece de fundamento legal. Argumenta que la decisión se sustentó en el Decreto Legislativo 1267, norma que regula la estructura de la PNP y que contempla un procedimiento excepcional para la designación del comandante general. Bajo ese mecanismo, el Ejecutivo podía elegir a un oficial fuera del grupo de mayor antigüedad, lo que implicaba el pase al retiro de otros generales por disposición normativa.
Rivera afirma que el Ministerio Público no ha considerado el contexto político de la época, marcado por la crisis tras la caída de Manuel Merino y las protestas en las que murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. Además, cuestiona la solidez de la acusación, señalando que carece de pruebas contundentes.
El caso será evaluado en una audiencia de control de acusación programada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio oral o si corresponde archivar el proceso, como solicita la defensa.
El caso pone en debate los límites del poder Ejecutivo en la reorganización de instituciones clave como la Policía. Mientras la Fiscalía interpreta la medida como un posible abuso de autoridad, la defensa la enmarca dentro de facultades legales vigentes. Más allá del desenlace judicial, el proceso evidencia cómo decisiones adoptadas en contextos de crisis pueden ser posteriormente reexaminadas bajo criterios políticos y legales distintos. La resolución del caso será clave para definir precedentes sobre la discrecionalidad del poder en situaciones excepcionales y podría impactar en la toma de decisiones futuras dentro del aparato estatal.