La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al Poder Judicial que se dicte impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. La medida se da en el marco de una investigación en su contra por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma y en medio de versiones que lo señalan como posible embajador del Perú ante el Vaticano.
La audiencia para evaluar el pedido, presentado el pasado viernes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se realizará el próximo 4 de marzo. De aprobarse, Demartini no podrá salir del país por un periodo de nueve meses.
El exministro está bajo investigación por omisión de funciones debido a su presunta falta de supervisión en las adquisiciones de Qali Warma, lo que habría permitido la distribución de carne de caballo en lugar de carne de res, además de conservas de pollo en mal estado y con hongos, según reportajes periodísticos.
A raíz de este escándalo, el portavoz presidencial, Freddy Hinojosa, también es investigado y actualmente enfrenta una restricción para salir del país por seis meses.
Pese a las acusaciones, el canciller Elmer Schialer dejó abierta la posibilidad de que Demartini sea designado embajador del Perú en el Vaticano, asegurando que no existe impedimento legal y destacando su “competencia” para el cargo.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió la trayectoria del exministro y afirmó que este renunció a su cargo para no generar problemas al Ejecutivo. Además, dejó en claro que si la propuesta de designación es evaluada en el Consejo de Ministros, votaría a favor, ya que considera a Demartini una persona con la que siente “gran simpatía”.
La posibilidad de su nombramiento ha generado rechazo en el Congreso. El legislador fujimorista Alejandro Aguinaga lo calificó como una “hostia envenenada” y sostuvo que una persona con acusaciones de corrupción no debería representar al país en Roma.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, instó a la fiscal de la Nación a garantizar la continuidad de las investigaciones sin interferencias y expresó su preocupación de que el nombramiento como embajador pueda ser una estrategia para eludir la justicia, dado que la inmunidad diplomática dificultaría la recopilación de pruebas.
Por otro lado, el abogado Fernando Silva, defensa legal de Demartini, confirmó que su cliente ha sido notificado sobre el pedido fiscal, aunque consideró que la solicitud carece de sustento. Argumentó que la investigación aún está en una etapa inicial y no existen pruebas contundentes que vinculen al exministro con algún acto delictivo.
Asimismo, Silva señaló que la posibilidad de que Demartini sea designado en la Santa Sede no debería levantar sospechas, ya que aceptar un cargo diplomático no implicaría riesgo de fuga, sino todo lo contrario, pues le otorgaría un trabajo estable y un ingreso fijo mientras enfrenta el proceso en su contra.
