03/02/26.-
La emisión de un reportaje televisivo volvió a poner bajo la lupa al Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación analiza la posibilidad de iniciar una nueva investigación preliminar contra el presidente José Jerí, esta vez relacionada con la contratación de cinco personas que habrían sostenido reuniones previas con él en Palacio de Gobierno. El caso aún se encuentra en fase de evaluación, aunque no se descarta la apertura de una nueva carpeta fiscal.
Fuentes fiscales señalaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, revisa los elementos difundidos tras el informe periodístico, a fin de determinar si los hechos ameritan una investigación autónoma o si corresponde ampliar el proceso ya existente por los encuentros de Jerí con empresarios chinos. La decisión dependerá de si se acredita una conexión directa entre las reuniones y las contrataciones, así como de su vínculo con el ejercicio de la función presidencial.
El reportaje reveló que Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva visitaron Palacio de Gobierno y, posteriormente, fueron contratadas por distintas entidades del Estado, como Essalud, los ministerios del Ambiente y de la Producción, la Senaju y el propio Despacho Presidencial. En varios casos, las visitas se produjeron días o semanas antes de la obtención de órdenes de servicio o locaciones, con montos que oscilan entre los S/6 mil y S/11 mil.
La secuencia de hechos también muestra patrones previos, pues algunas de las involucradas ya habían accedido a contratos cuando Jerí ocupaba cargos anteriores, lo que refuerza las sospechas sobre un posible uso indebido de influencias. Para especialistas en derecho penal y administración pública, estos indicios justificarían la apertura de diligencias para evaluar eventuales delitos como patrocinio ilegal, negociación incompatible o contratación irregular.
Desde el Ejecutivo se sostiene que todas las contrataciones se realizaron conforme a la normativa y que las visitas fueron registradas oficialmente. Sin embargo, expertos recuerdan que el presidente está obligado a respetar el Código de Ética de la Función Pública y que, aunque una reunión no constituye un delito por sí misma, la reiteración de encuentros seguidos de contrataciones sí amerita un examen fiscal riguroso. El caso, en consecuencia, mantiene a José Jerí bajo un renovado escrutinio político y judicial.
