FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTO MAL USO DE FONDOS DE LA FRANJA ELECTORAL RUMBO AL 2026

07/02/26.-

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó el inicio de una investigación preliminar ante las denuncias sobre un posible uso irregular de los recursos públicos destinados a la franja electoral. La indagación tiene como objetivo esclarecer si el financiamiento que la Oficina Nacional de Procesos Electorales asigna a los partidos políticos para su difusión en medios de comunicación fue empleado conforme a la ley de cara a las Elecciones Generales de 2026.

La carpeta fiscal será derivada al subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, instancia que evaluará si los fondos cumplieron su finalidad específica o si fueron desviados hacia otros usos no autorizados. La decisión se adopta tras reportes que alertan sobre contratos de difusión concentrados en determinados medios, con montos que habrían superado lo razonable.

Aunque la investigación abarcará a todas las organizaciones políticas que accedieron a la franja electoral, las primeras indagaciones se centran en los partidos País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso. El Ministerio Público verificará si existieron irregularidades, favoritismos o eventuales beneficios indebidos en la contratación de espacios radiales y televisivos financiados con presupuesto estatal.

La Fiscalía precisó que, de encontrarse indicios de responsabilidad, los implicados —entre ellos representantes legales o responsables de tesorería— podrían enfrentar cargos por delitos contra la administración pública, como peculado o uso indebido de recursos.

La apertura de esta investigación pone en el centro del debate la transparencia del financiamiento político en un escenario preelectoral sensible. La franja electoral es un instrumento clave para garantizar igualdad de condiciones entre partidos, por lo que cualquier desviación no solo implica un perjuicio económico al Estado, sino que erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático. El avance oportuno y objetivo de la Fiscalía será determinante para evitar que el uso de recursos públicos se convierta en una herramienta de ventaja política encubierta.