Prensa La Eskina encontró, esta mañana, un artículo publicado en un diario de circulación nacional. La denuncia se basa en que la Cuarta Fiscalía Anticorrupción, cuya titular es Milagros Mora, exige cinco años de prisión y el pago de reparación civil de 200 mil soles por parte del líder de «Chim Pum Callao» Álex Kouri Bumachar.
Y es que, el ahora candidato al Congreso por APRA (Callao) es acusado por el delito de Colusión Desleal en el caso referido a la construcción y Vía Expresa del Callao.
“En su condición de funcionario público y alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Kouri habría concertado con el tercero Mario Ernesto Ángel Guasco, representante del Consorcio CC. Concesiones Perú, que luego devino en la empresa Convial Callao S.A., defraudando a la municipalidad (del Callao)”, se lee en la acusación de Mora.
Actualmente, el proceso está en manos de la Cuarta Sala Penal Liquidadora que la preside el juez Iván Sequeiros y que debe señalar fecha de inicio del juicio que temía tanto Kouri. Según fuentes judiciales, este juicio debería comenzar en junio.
ANTECEDENTES
El 25 de enero del 2013, el fiscal Marco Guzmán Baca acusó a Alex Kouri por irregularidades en concesión de la Vía Expresa Faucett. Además, solicitó el pago de S/. 200 mil de reparación civil para el Estado así como la inhabilitación del exalcalde chalaco por 5 años en el ejercicio de cualquier cargo público por el delito de negociación incompatible.
Sin embargo, la Cuarta Sala Penal Liquidadora desaprobó el dictamen en el extremo referido al delito de colusión y devolvió el expediente a la Segunda Fiscalía Suprema, que ordenó finalmente corregir la acusación de Guzmán Baca.
De esa manera, el expediente fue devuelto a la Cuarta Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Mora, la que emitió su pronunciamiento el pasado 17 de febrero en que acusa a Kouri por colusión desleal, delito, según el código penal, que se configura cuando “el funcionario o servidor público (en este caso Kouri como alcalde del Callao) defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros”.
Pero mientras sucedían estas idas y vueltas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial del expediente Kouri, éste no se quedaba de brazos cruzados, al dilatar aún más ese proceso abierto en su contra, con las diversas quejas y recusaciones que presentó contra los magistrados de la Cuarta Sala Penal Liquidadora. Finalmente, prescribió el caso en que estaba incriminado Kouri por negociación incompatible.
40 TOMOS DEL CASO KOURI
El expediente Kouri consta de 40 tomos con 25 mil folios en total. Ahí están las pruebas que expondrá la fiscal Mora en juicio oral, como las resoluciones y adendas del municipio chalaco en la gestión de Kouri, así como el informe de la Contraloría que reveló el cuantioso daño al erario público con la realización de la Vía Expresa en el Callao, que promovió y concesionó Kouri.
Entre los documentos inculpatorios en el caso de la Vía Expresa Callao que determinan la responsabilidad de Kouri, se encuentra la resolución de Alcaldía N18 del 21 de junio de 1999, en que se convoca a Concurso Público de la Ejecución de la Vía Expresa del Callao, designándose a los miembros del Comité de Recepción de Propuestas y Comité de Concesiones nada menos que a los allegados, amistades y personal de confianza de Kouri, a quienes se “orientó para que actuaran a favor del Consorcio CC. Concesiones Perú (Convial Callao S.A.), otorgándole la buena pro pese a que dicho consorcio no cumplía con los requisitos legales”.
Además que, antes de firmar el contrato de concesión, Kouri suscribió un contrato preparatorio que no estaba previsto en las bases generales, y que contravenía el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N059-96-PCM y lo dispuesto por el ordenamiento civil.
Asimismo que el Consorcio CC. Concesiones, en la fecha de la firma del contrato preparatorio, solo contaba con un millón de soles, es decir que carecía del capital social mínimo para lograr ser la empresa adjudicataria de la obra Vía Expresa del Callao.
“Que posterior a la celebración del contrato de concesión, se suscribieron la Primera, Cuarta, Quinta y Sexta adendas, en las cuales se favorecía a la empresa Convial Callao, habiendo el imputado Alexander Martín Kouri Bumachar suscrito la primera y la sexta, con la que desnaturalizó no solo dicho contrato sino también el proyecto original, quebrando la ecuación económica financiera en perjuicio del Municipio y los usuarios”.
No solo eso: Se halló una diferencia no explicada de aproximadamente 15 millones de dólares entre el valor de la obra construida en el tramo A de la Vía Expresa del Callao y el valor consignado en los documentos denominados certificados de inversión.
“La ejecución de las obras civiles del tramo A de la concesión asciende a 16 millones de dólares, no obstante, en la valuación efectuada se advierte que la inversión en
las obras y equipamiento de la Vía Expresa del Callao –Tramo A, asciende a ocho millones dólares sin IGV, existiendo una diferencia de más de ocho millones de dólares, monto con el cual habría sobrevalorado la obra el concesionario, con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido con el cobro del peaje durante los años de concesión, causando un perjuicio económico al Estado”, puntualiza el dictamen acusatorio.
CONGRESO LO ENCONTRÓ CULPABLE
En el 2008, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad el informe final que acusó al presidente regional del Callao, Alex Kouri, de nueve delitos por las presuntas irregularidades en la concesión y construcción de la inconclusa Vía Expresa del Callao.
A Kouri se le encontró responsabilidad por los presuntos delitos de usurpación de funciones, incumplimiento de deberes funcionales, colusión, malversación, aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, asociación ilícita, estafa y abuso de poder económico con prácticas restrictivas de la libre competencia.
Tras la aprobación del informe, que incluyó en la acusación a otros funcionarios y directivos de la empresa Convial, el legislador Víctor Andrés García Belaunde, en ese entonces de Alianza Parlamentaria, consideró que la aprobación unánime del documento demostró que todas las bancadas del Congreso asumen esta obra como “un acto de corrupción” en perjuicio del pueblo.
(FUENTE: DIARIO 16)