06/03/26.-
La Fiscalía inició una investigación preliminar para esclarecer las contrataciones por más de 97 millones de soles realizadas entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el estudio jurídico neoyorquino Boies Schiller Flexner LLP, firma que cuenta entre sus socios al abogado argentino Martín de Luca, quien mantiene una relación cercana con el alcalde Rafael López Aliaga. El proceso busca determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés en la adjudicación de dichos servicios legales.
Según reportes periodísticos, las diligencias comenzaron el 31 de octubre de 2025 por disposición del fiscal Néstor Rivera Navarro y quedaron finalmente a cargo del fiscal Leonardo Yapias Córdova, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción. No obstante, el expediente llegó a ese despacho luego de pasar por varios fiscales que declinaron asumir el caso alegando discrepancias sobre la fecha de publicación de las investigaciones periodísticas que originaron la denuncia. La situación obligó la intervención de la fiscal superior Nelly Aurora Castro, quien dispuso que Yapias asuma el expediente para evitar mayores retrasos.
La denuncia fue presentada por el estudio Arbizu & Gamarra, que cuestiona los contratos suscritos con el bufete internacional, los cuales alcanzarían el 82 % del presupuesto destinado por la municipalidad para asesorías legales externas. De acuerdo con la acusación, estas contrataciones se habrían realizado en el marco de la estrategia legal del municipio para anular las concesiones de peajes con las empresas Rutas de Lima y Lima Expresa.
La investigación busca determinar si existió el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Para ello, el Ministerio Público solicitó a la Municipalidad de Lima información detallada sobre el proceso de contratación del estudio extranjero, incluyendo montos, modalidades de pago, plazos y las áreas municipales involucradas en la decisión.
Asimismo, la Fiscalía pidió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que informe si la firma internacional estaba habilitada para contratar con el Estado peruano y si registra sanciones o impedimentos. También se requirió a la Contraloría que precise si se han realizado auditorías relacionadas con estos contratos.
Como parte de las diligencias, se contempla la posibilidad de tomar declaración al propio Rafael López Aliaga en su condición de alcalde, con el fin de esclarecer su participación en las decisiones administrativas que permitieron la contratación del estudio jurídico.
El caso también ha despertado cuestionamientos por la relación pública de amistad entre López Aliaga y Martín de Luca, lo que podría configurar un posible conflicto de intereses. Ambos coincidieron en eventos internacionales, como la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en enero de 2025, y posteriormente se firmaron nuevos contratos con el bufete. Meses después, el abogado argentino fue distinguido por la Municipalidad de Lima durante una actividad oficial.
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan determinarse, el caso revela una problemática recurrente en la gestión pública: la contratación de asesorías externas por montos elevados sin suficiente transparencia ni controles claros. Para especialistas, la investigación fiscal deberá esclarecer si estas decisiones respondieron estrictamente a criterios técnicos o si existieron vínculos personales que influyeron en la asignación de millonarios contratos con recursos públicos.
