Lunes 03 de Diciembre de 2018.- El expresidente de la República, Alan García es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima luego que en la gestión del ex mandatario se habría ejecutado la concesión del Terminal Portuario con presuntas irregularidades.
Los delitos que se le imputan a García Pérez son presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado. El Ministerio Público indicó que esta investigación se inició a raíz de la denuncia del procurador Amado Enco luego que en la concesión del Terminal Portuario del Callao habrían malos manejos. En el reporte también se incluye a otras 21 personas, donde también figura el nombre del exministro de Transporte Enrique Cornejo.
Para la fiscalía, el expresidente Alan García habría facilitado la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao a la empresa AMP Terminals.
Asimismo, en la disposición fiscal se indica que Alan García y otros funcionarios “habrían emitido instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión […] y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao”.
ANTECEDENTES:
En la edición N° 41° de Prensa La Eskina (Diseño Impreso – 15 enero del 2011) se colocó como portada: » ENAPU: ¿Concesión o Reflotamiento?» donde se le hizo una entrevista exclusiva a Mario Arbulú, Presidente del Directorio de ENAPU y donde se revela en qué condiciones se encontraba el Terminal Portuario del Callao.
Además en el detalle de dicha nota se especifica cuáles son los sectores que estuvieron afectados previo a la concesión. También se citó la opinión de la ex defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
Cabe aclarar que, en Abril del 2011 se otorgó la buena pro del concurso pro US$1.900 millones. Sin embargo, el contrato se firmó con “una serie de beneficios sumamente excesivos para la concesionaria”.
Estos beneficios habrían sido la exoneración del pago de 50% de la recuperación adelantada del IGV y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional, que habría generado un perjuicio al Estado por US$246’939.764.
APM TERMINALS RESPONDIÓ:
A través de un comunicado, APM Terminals se pronunció sobre esta investigación y aseguraron que, aunque no han recibido ninguna notificación, están dispuestos a colaborar con las investigaciones correspondientes.
“APM Terminals Callao reitera su compromiso de continuar trabajando en la modernización del Puerto del Callao para mejorar el desarrollo del comercio exterior de Perú en beneficio del país. Es nuestra política el estricto cumplimiento de las normas locales e internacionales y estamos comprometidos en operar de manera transparente e íntegra”, publicaron en un comunicado de prensa.