12/02/26.-
La situación financiera de Petroperú vuelve a encender las alertas tras revelarse que el respaldo económico otorgado por el Estado desde 2013 asciende a S/25,300 millones, una cifra que refleja, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), una gestión ineficiente y costosa para el país. Así lo advirtió Diego Macera, director del IPE, al detallar que estos recursos públicos se han distribuido entre aportes de capital, garantías y préstamos, sin lograr estabilizar a la petrolera estatal.
De ese total, S/15,400 millones se destinaron a capitalizaciones, S/8,700 millones a garantías y S/1,200 millones a préstamos. Macera subrayó que este volumen de dinero pudo haberse invertido en cerrar brechas urgentes de infraestructura, como la construcción de cientos de colegios de alto rendimiento, decenas de hospitales especializados o una expansión significativa del presupuesto del programa social Juntos.
Uno de los factores estructurales que explica la crisis, según el IPE, es la constante interferencia política, que ha debilitado la institucionalidad de la empresa e impedido reformas sostenidas. Prueba de ello es la alta rotación en la presidencia de Petroperú, con un promedio de apenas cuatro meses en el cargo entre 2021 y 2025, muy por debajo de los más de cuatro años que se registraban a inicios de los años 2000.
Ante este escenario, Macera planteó la urgencia de una ley que ordene la gobernanza de la empresa y limite las presiones políticas. En paralelo, desde Proinversión, Ángel Delgado informó que ya se aprobó un plan de reestructuración para mejorar la eficiencia de la petrolera, reconociendo que la empresa se encuentra cerca de una situación de quiebra.
Desde una mirada crítica, el caso Petroperú expone las consecuencias de sostener empresas públicas sin controles sólidos ni una gestión profesional estable. El anuncio de una futura inyección de capital privado, administrada por un comité especial y sin recurrir al Tesoro Público, marca un giro necesario, pero insuficiente si no va acompañado de reformas profundas. Más que nuevos recursos, el principal desafío es evitar que la petrolera continúe siendo un foco de riesgo fiscal y un ejemplo de oportunidades perdidas para el desarrollo del país.