12/02/26.-
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dispuso el traslado progresivo de niñas y adolescentes que residen en el albergue ‘La Casa del Padre’, luego de que se conociera que varias menores víctimas de violencia sexual fueron expuestas públicamente durante una actividad realizada en dicho centro, fundado por la pastora evangélica y actual congresista Milagros Jáuregui. La decisión fue comunicada oficialmente ante la gravedad de los hechos y el riesgo que implicaría para la integridad de las menores.
Según el MIMP, la medida busca garantizar el interés superior de las residentes, priorizando su seguridad, bienestar y desarrollo integral, por lo que se iniciaron los procedimientos para modificar las medidas de protección y derivarlas a centros especializados. Esta acción se adoptó tras una serie de supervisiones y verificaciones efectuadas en el albergue, que funciona desde hace más de ocho años.
No obstante, el caso también expone una responsabilidad compartida. La propia legisladora reconoció que la Unidad de Protección Especial del MIMP derivó a cerca de 150 adolescentes embarazadas o con hijos a este centro a lo largo de los años, lo que abre cuestionamientos sobre la fiscalización sostenida del Estado.
La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al albergue en el marco de una investigación por presunta vulneración de derechos. Allí se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, además de posibles falencias en protocolos de confidencialidad, protección de imagen y prevención de revictimización.
Desde un análisis crítico, el caso evidencia graves fallas en los mecanismos de control estatal sobre centros privados de acogida, especialmente cuando están vinculados a figuras políticas. Más allá de la reacción tardía, el episodio pone en debate la necesidad de una supervisión permanente, transparente y libre de conflictos de interés para garantizar la protección real de menores en situación de extrema vulnerabilidad.