14 DE AGOSTO 2025.- El Gobierno de Dina Boluarte oficializó, a través del diario El Peruano en su separata de normas legales, la Ley N.° 32419, aprobada por el Congreso, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa implicados en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La medida desoye el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender su promulgación para salvaguardar el acceso a la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos en el régimen de Alberto Fujimori.
El artículo 1 de la norma ampara a efectivos denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo, excluyendo a quienes estén acusados de terrorismo o corrupción. El artículo 2 concede amnistía humanitaria a mayores de 70 años con condenas firmes o en ejecución, siempre que no hayan sido sentenciados por los delitos excluidos.
La ley lleva las firmas de Eduardo Salhuana y Patricia Juárez (Congreso), así como de Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.
El 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, argumentó que la norma contraviene la Convención Americana y pidió a jueces peruanos abstenerse de aplicarla hasta que se evalúe su impacto en los casos mencionados.
Los hechos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) involucraron ejecuciones extrajudiciales por el Grupo Colina, dejando 25 víctimas, incluidos menores.
Human Rights Watch, mediante su directora Juanita Goebertus, calificó la ley como una “traición a las víctimas” y advirtió que pone en riesgo más de 150 casos y 600 investigaciones pendientes.
