14 enero 2025.- A pocas horas de que venciera el plazo legal para pronunciarse sobre la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó que el Ejecutivo observó la norma y la remitió al Congreso. Durante el foro MUNI Ejecutivo Alcaldesas, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros, Adrianzén señaló: “La ley ha sido observada y enviada al Congreso hace unas horas”.
Al ser consultado sobre las observaciones realizadas, Adrianzén evitó proporcionar detalles, indicando que no recordaba el contenido específico y que la información sería pública en breve. El Congreso había enviado esta norma al Ejecutivo a mediados de diciembre, y la demora en la decisión, según el primer ministro, se debió a la necesidad de un análisis técnico exhaustivo para evitar errores.
La presidenta Dina Boluarte también enfrentó cuestionamientos tras ser citada por la Fiscalía por una presunta omisión de funciones vinculada a una cirugía realizada entre junio y julio de 2023. Según investigaciones preliminares, Boluarte no habría comunicado al Congreso sobre el procedimiento, lo que generó dudas sobre su desempeño durante ese periodo. Reportes también cuestionaron la autenticidad de documentos firmados por la mandataria en esos días.
El origen del debate sobre la detención preliminar se remonta a diciembre de 2024, cuando Boluarte promulgó la Ley N.º 32181, eliminando esta medida en casos de no flagrancia. Esta reforma limitó la detención a situaciones de flagrancia, generando críticas de fiscales y juristas que advirtieron sobre las dificultades que esto supondría para investigar delitos graves, como corrupción y crimen organizado.
En respuesta, el Congreso aprobó el 14 de diciembre una nueva ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, permitiendo su aplicación en situaciones con indicios razonables de delito, peligro de fuga o de obstrucción. Con 79 votos a favor, la norma fue enviada al Ejecutivo, pero su observación ha prolongado el debate sobre el equilibrio entre los derechos ciudadanos y las necesidades del sistema judicial.