04/02/26.-
El Ejecutivo oficializó una profunda reforma del sistema penitenciario y juvenil al promulgar el Decreto Legislativo N.º 1710, con el que se rediseña por completo el modelo de internamiento y resocialización en el país. La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario y asumirá la conducción del nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
El decreto, suscrito por el presidente José Jerí, el jefe del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Justicia, Walter Martínez, reconoce de manera explícita el fracaso de la actual estructura penitenciaria frente al avance de la criminalidad y al fortalecimiento de redes delictivas que operan incluso desde los centros de reclusión. El propio Gobierno admite que las debilidades del INPE y de los programas vinculados al sistema juvenil han favorecido la corrupción, el ingreso de bienes prohibidos y la pérdida del control efectivo en los penales.
La reforma dispone la fusión por absorción del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES, que pasarán a integrarse en la SUNIR, organismo con autonomía administrativa, funcional y financiera, adscrito al Ministerio de Justicia. Para ejecutar el proceso se conformará una Comisión de Transferencia, con plazos definidos para concretar la absorción, aunque las entidades actuales continuarán operando de manera transitoria.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del Consejo Nacional Penitenciario y su reemplazo por una jefatura única, designada por Resolución Suprema, con mayores facultades de decisión. Además, se abre la posibilidad de que personal militar o policial en retiro asuma cargos directivos y se endurecen los requisitos para dirigir establecimientos penitenciarios.
Si bien la creación de la SUNIR busca ordenar un sistema desbordado y debilitado, el desafío central no radica en el cambio de nombres o estructuras, sino en la capacidad real del Estado para recuperar el control de los penales, combatir la corrupción interna y garantizar que la resocialización deje de ser un discurso para convertirse en una política efectiva.