04/02/26.-
La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició una serie de visitas de control a las sedes de los partidos políticos que recibieron financiamiento público directo, con el objetivo de verificar cómo se utilizaron estos recursos durante el año 2025. La supervisión alcanza a las diez organizaciones con representación parlamentaria obtenida en las Elecciones Generales de 2021, entre ellas Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y otras fuerzas con presencia en el Congreso.
El organismo electoral tiene la tarea de comprobar que el uso del dinero estatal se haya ajustado a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas. La norma dispone que hasta el 50 % del financiamiento puede destinarse a gastos operativos, infraestructura, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento partidario, mientras que al menos la mitad debe invertirse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, bajo principios de igualdad y paridad de género.
Durante las inspecciones, los auditores revisan una amplia documentación administrativa, contable y financiera, que incluye libros de actas, planes presupuestales, registros contables, contratos, comprobantes de pago y sustento bancario de las operaciones realizadas. Los partidos están obligados a acreditar cada gasto efectuado con fondos públicos, así como a facilitar información adicional cuando esta sea requerida.
Al término de cada visita, la ONPE levanta un acta en la que se consignan posibles incumplimientos y se otorga un breve plazo para subsanar observaciones. Posteriormente, se emite un informe técnico que puede dar lugar a sanciones administrativas. Tanto las rendiciones de cuentas como los informes son publicados en la plataforma CLARIDAD, de acceso ciudadano.
Este proceso de fiscalización resulta clave en un contexto de desconfianza hacia los partidos políticos. Si bien el financiamiento público busca fortalecer la institucionalidad y reducir la dependencia de aportes privados, su eficacia depende de un control riguroso y oportuno. La transparencia no solo debe limitarse a la publicación de informes, sino traducirse en sanciones efectivas cuando se detecten irregularidades, para evitar que estos recursos terminen siendo utilizados como caja chica partidaria en lugar de cumplir su finalidad democrática.