26/01/26.-
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó en primera instancia al Banco BBVA Perú por realizar llamadas telefónicas con fines comerciales sin contar con la autorización previa de los consumidores. La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3) impuso una multa de 279,50 UIT, equivalente a S/ 1 537 250, tras una investigación que analizó una muestra de 1 130 comunicaciones publicitarias dirigidas a clientes y usuarios de la entidad financiera.
La Dirección de Fiscalización determinó que estas prácticas vulneran la normativa de protección al consumidor, que exige el consentimiento expreso antes de realizar contactos promocionales por vía telefónica o digital. La falta de autorización afecta directamente el derecho de los usuarios a decidir si desean recibir este tipo de comunicaciones y constituye una intromisión en su tranquilidad y privacidad.
En paralelo, la CC3 mantiene en trámite otros procedimientos similares contra diversas empresas, principalmente del sector financiero y de servicios, entre ellas el BCP, Scotiabank, Santander Consumer Bank, Interbank, así como compañías de seguros y telecomunicaciones. Adicionalmente, Integratel Perú (Movistar) enfrenta un proceso distinto por no atender un requerimiento de información formulado por el Indecopi.
El caso BBVA evidencia que las llamadas spam continúan siendo una práctica recurrente pese a la existencia de normas claras y sanciones previas. Aunque las multas buscan disuadir estas conductas, la reiteración de investigaciones contra grandes empresas plantea dudas sobre la efectividad del control y el real compromiso del sector privado con el respeto a los derechos del consumidor. La posibilidad de apelar la sanción, si bien es parte del debido proceso, también retrasa la reparación simbólica y refuerza la percepción de impunidad. En este contexto, resulta clave fortalecer los mecanismos de fiscalización y promover el uso de herramientas como Reclama Virtual para empoderar a los ciudadanos frente a estas prácticas abusivas.