26/01/26.*-
El conductor de la congresista no agrupada Kira Alcarraz fue intervenido durante un operativo policial en el distrito de San Borja luego de dar positivo en el dosaje etílico, con un nivel de 0.92 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente el límite legal permitido. El hecho desencadenó un tenso enfrentamiento verbal entre la parlamentaria y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según un reportaje del programa dominical Punto Final, la intervención se produjo en la madrugada del domingo 25 de enero, en el marco de un operativo de control a vehículos con lunas polarizadas, realizado en la avenida Aviación. Durante la fiscalización, los agentes advirtieron signos de presunto estado de ebriedad en el conductor y procedieron con las pruebas correspondientes.
Las imágenes difundidas muestran a la congresista cuestionando el accionar policial y negándose, en un inicio, a entregar las llaves del vehículo, argumentando que se trataba de una unidad del Estado. Sin embargo, posteriormente se corroboró que el automóvil tenía placa particular y estaba inscrito a su nombre. El intercambio con los agentes escaló en tensión, al punto de registrarse expresiones verbales confrontacionales y gestos inapropiados hacia uno de los policías que documentaba el procedimiento.
Tras la intervención, Alcarraz acompañó a su chofer a la comisaría de San Borja, donde se confirmó el resultado del dosaje etílico. La infracción implica una multa de S/ 2.750, además de otras sanciones administrativas establecidas por ley. De manera paralela, se conoció que los policías involucrados también son investigados por un presunto abuso de autoridad durante la intervención.
El episodio pone en evidencia una preocupante confusión entre el ejercicio del cargo público y el respeto al principio de igualdad ante la ley. Más allá de la conducta del conductor, la reacción de la congresista plantea serios cuestionamientos sobre el comportamiento de los representantes del Estado frente a la autoridad policial. La invocación errónea de la propiedad del vehículo y la actitud confrontacional refuerzan la percepción de privilegio e impunidad que la ciudadanía reprocha a la clase política. Al mismo tiempo, la apertura de investigaciones contra los agentes evidencia la necesidad de procedimientos claros y transparentes que eviten excesos, pero sin desnaturalizar el rol fiscalizador de la Policía. El caso, en suma, refleja una vez más la fragilidad de la confianza pública en las instituciones.