09/02/26.-
La Junta Nacional de Justicia dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Delia Espinoza por el presunto uso irregular de vehículos oficiales del Ministerio Público, pese a encontrarse suspendida de sus funciones como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. La medida fue formalizada mediante un informe emitido el 26 de enero de 2026, luego de detectarse que la magistrada habría continuado utilizando unidades institucionales durante el periodo de inhabilitación.
La decisión se apoya en un informe técnico elaborado por Gino Augusto Tomás Ríos, integrante de la JNJ, en el que se advierte que Espinoza habría mantenido el acceso a recursos logísticos del Estado aun cuando ya se le habían retirado las atribuciones y beneficios propios de sus cargos, como consecuencia de la suspensión en su contra.
El proceso preliminar tiene como finalidad esclarecer las condiciones en las que se habría producido el uso de los vehículos y establecer si existía algún sustento legal que lo autorizara. La JNJ busca determinar si estos hechos constituyen un uso indebido de bienes públicos y si la conducta atribuida resulta contraria a los principios de ética y probidad que rigen la función fiscal.
Según precisó el organismo constitucional, la suspensión de funciones conlleva la pérdida automática de toda prerrogativa asociada al cargo, incluida la asignación de transporte oficial. En ese sentido, el eventual uso de estos activos estatales durante el periodo de suspensión podría configurar una infracción administrativa que deberá ser evaluada y calificada por la JNJ en las siguientes etapas del proceso.
La investigación contra Delia Espinoza vuelve a poner en evidencia la fragilidad de los controles sobre el uso de recursos públicos en los más altos niveles del Estado. Más allá de la eventual responsabilidad individual, el caso revela la necesidad de protocolos más estrictos que aseguren la suspensión inmediata y efectiva de beneficios cuando un funcionario es apartado del cargo. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, este tipo de hechos refuerza la percepción de privilegios persistentes y de una débil rendición de cuentas. La actuación de la JNJ será determinante no solo para esclarecer el caso, sino también para marcar un precedente sobre el respeto a la legalidad y la ética en el ejercicio de la función pública.