09/02/26.-
El Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como “el Monstruo”, sindicado como presunto líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La medida se sustenta en la investigación por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de pertenencia a una organización criminal.
La decisión fue adoptada por el juez Robert Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra–Ventanilla, quien declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público mientras continúan las diligencias del caso. Durante la audiencia virtual, la Fiscalía expuso los elementos que, a su criterio, cumplen con los presupuestos legales para imponer la prisión preventiva.
El magistrado señaló que existen diversos indicios, entre ellos registros audiovisuales, comunicaciones telefónicas y comprobantes de depósitos, que evidenciarían coordinaciones económicas con personas presuntamente vinculadas a Moreno Hernández. Estos elementos, según el juzgado, permitirían acreditar tanto la existencia de una estructura criminal organizada como la presunta participación directa del investigado.
A lo largo de la audiencia, el imputado no permaneció de forma constante en la sala virtual y solo apareció minutos antes de que se diera lectura a la resolución, vistiendo el uniforme penitenciario. Tras conocerse el fallo, su defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación.
De acuerdo con la investigación fiscal y policial, Moreno Hernández sería el principal cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, organización dedicada a la extorsión de transportistas, comerciantes y empresarios mediante amenazas y cobro de cupos. El caso incluso motivó un proceso de extradición activa desde Paraguay. El pasado 28 de enero, el imputado fue trasladado al Perú y desde entonces permanece recluido en la Base Naval del Callao bajo estrictas medidas de seguridad del INPE.
La imposición de 36 meses de prisión preventiva refleja la gravedad de las imputaciones y la magnitud del presunto entramado criminal investigado. Sin embargo, el uso recurrente de esta medida excepcional vuelve a poner en debate su aplicación prolongada como respuesta central frente al crimen organizado. Si bien el Estado busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de fuga u obstrucción, el reto pendiente es lograr que los procesos avancen con celeridad y resultados concretos. De lo contrario, la prisión preventiva corre el riesgo de convertirse en una sanción anticipada, debilitando la confianza en el sistema de justicia incluso en casos de alto impacto social.