11/02/26.-
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir una investigación preliminar contra Delia Milagros Espinoza Valenzuela, exfiscal suprema y exfiscal de la Nación, a raíz de presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado cuando ya se encontraba suspendida del cargo. La decisión se adopta en un contexto marcado por sanciones previas y una creciente controversia en torno a su gestión.
La medida se apoya en el Informe N.° 006-2026-GATRP-JNJ, elaborado el 26 de enero de 2026 por el integrante del pleno Gino Augusto Tomás Ríos Patio, a partir de la denuncia N.° 1736-2025-JNJ presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar. Según el documento, Espinoza habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, con placas EGW-711 y EGW-715, pese a que desde el 19 de setiembre de 2025 se encontraba suspendida de todas sus funciones y prerrogativas mediante la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ.
Para la JNJ, estos hechos justifican una investigación inicial que permita esclarecer si se produjo un uso indebido de recursos públicos y si la conducta atribuida vulnera los principios éticos y funcionales que deben regir incluso durante un periodo de suspensión. El organismo, presidido por María Teresa Cabrera Vega, reiteró que su rol es garantizar la legalidad, la ética pública y el adecuado manejo de los bienes del Estado, sin excepciones para las más altas autoridades del sistema de justicia.
Este nuevo proceso se suma a una cadena de sanciones ya impuestas. El 23 de enero de 2026, la JNJ destituyó por unanimidad a Espinoza como fiscal suprema titular, cerrando un procedimiento disciplinario iniciado meses atrás. La principal imputación fue el incumplimiento de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, mandato que no se ejecutó de forma inmediata.
A ello se añadió una inhabilitación política de diez años dictada por el Congreso a finales de 2025. El Legislativo sostuvo que Espinoza habría incumplido la Ley N.° 32130, al adoptar decisiones que, según su interpretación, limitaron las facultades operativas de la Policía Nacional del Perú en la conducción de investigaciones preliminares.
El escenario revela una acumulación de procesos sancionadores en distintas instancias, mientras la exfiscal continúa promoviendo acciones judiciales para cuestionar las medidas adoptadas en su contra. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinarse, el caso expone las tensiones institucionales y la fragilidad del sistema de control cuando las disputas políticas y disciplinarias se entrecruzan con la gestión de la justicia y el uso de recursos públicos.