10/02/26.-
Las declaraciones públicas de Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista en funciones y postulante al Senado por Renovación Popular, han derivado en una denuncia penal que pone bajo escrutinio el manejo de su centro de acogida. La legisladora quedó en el centro de la polémica tras señalar que en el refugio La Casa del Padre niñas víctimas de violación sexual continúan con embarazos producto de esos abusos y llegan a la maternidad. A partir de estas afirmaciones, la activista Gahela Cari Contreras presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se determine la eventual responsabilidad penal de Jáuregui por la presunta vulneración de derechos fundamentales de menores de entre 10 y 13 años.
El recurso legal atribuye a la congresista el delito de lesiones graves por daño psicológico, bajo la figura de comisión por omisión. Según el planteamiento, Jáuregui tenía a su cargo a niñas derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que la colocaba en una posición de garante. Desde esa responsabilidad, debía asegurar el acceso integral a servicios de salud, incluido el aborto terapéutico, permitido por la ley peruana cuando la salud física o mental de la gestante está en riesgo. La denuncia sostiene que ese derecho habría sido bloqueado de manera sistemática.
El documento enfatiza que no se trató de hechos aislados, sino de una práctica sostenida dentro del albergue, donde las menores habrían sido inducidas o forzadas en la práctica a continuar embarazos producto de violencia sexual. Además, se cuestiona la ausencia de evaluaciones médicas y psicológicas independientes que permitieran determinar el impacto real en la salud mental de las víctimas, configurando lo que la parte denunciante califica como una revictimización institucional.
Desde una perspectiva crítica, el caso expone una tensión profunda entre convicciones ideológicas y obligaciones legales. La imposición de una maternidad forzada en niñas no solo prolonga el daño causado por la agresión sexual, sino que vulnera principios básicos de protección a la infancia reconocidos a nivel nacional e internacional. La denuncia también alerta sobre posibles riesgos de encubrimiento, al reportarse el cierre de redes sociales del refugio, y solicita medidas urgentes de protección, inspecciones técnicas y peritajes psicológicos.
La controversia se agravó por declaraciones de Jáuregui en las que minimizó el impacto del abuso y priorizó un discurso centrado en el feto, lo que provocó el deslinde del MIMP y de su propia agrupación política. Más allá del desenlace judicial, el caso reabre el debate sobre los límites de la actuación privada y religiosa cuando se administra la custodia de niñas en extrema vulnerabilidad, y sobre el rol del Estado en garantizar que la protección no se convierta en una nueva forma de violencia.
