14/04/26.-
La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en medio de la controversia generada por las fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026. Como parte del proceso, el funcionario cuenta con un plazo de diez días para presentar sus descargos.
La medida fue acordada por unanimidad en una sesión extraordinaria del pleno del organismo, tras una ola de denuncias ciudadanas que apuntan a serias deficiencias logísticas. Entre los principales problemas reportados figuran retrasos en la instalación de mesas de votación y dificultades en la distribución del material electoral, lo que habría impedido el ejercicio del voto en diversas zonas del país.
El procedimiento, de carácter preliminar, busca establecer si existen responsabilidades administrativas en la actuación del jefe de la ONPE. En ese marco, también se ha requerido un informe a la Dirección de Evaluación y Ratificación, documento que podría resultar determinante para definir la permanencia de Corvetto en el cargo.
Las cifras preliminares agravan el escenario: más de 50 mil ciudadanos no habrían podido sufragar, especialmente en Lima Metropolitana, lo que pone en cuestión la capacidad operativa de la institución encargada de organizar los comicios.
A este proceso se suma la intervención del Jurado Nacional de Elecciones, que ha presentado una denuncia penal contra Corvetto y otros funcionarios por presuntas irregularidades que habrían vulnerado el normal desarrollo del proceso electoral.
El contexto se torna aún más crítico tras la detención de un exfuncionario vinculado a la logística electoral, hecho que intensifica las dudas sobre la gestión interna de la ONPE y su capacidad para responder ante situaciones de alta demanda operativa.
Análisis: lo ocurrido expone debilidades estructurales en el sistema electoral peruano, particularmente en la planificación logística y en los mecanismos de contingencia. Si bien la investigación en curso respeta el debido proceso, el impacto político y social ya es significativo. La eventual responsabilidad de altos funcionarios podría derivar en una crisis de confianza institucional, afectando la legitimidad de los resultados y alimentando el descontento ciudadano. Más allá de las sanciones individuales, el caso evidencia la urgencia de reformas que fortalezcan la eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta de los organismos electorales.
