01/06/26.-
La discusión sobre la prohibición de la pesca industrial en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) vuelve a generar tensiones en el Congreso. Legisladores de distintas bancadas demandaron que el Pleno debata un dictamen que busca elevar a rango de ley la restricción de las actividades extractivas a gran escala dentro de estos espacios de conservación, una medida que actualmente se encuentra respaldada principalmente por normas reglamentarias.
La iniciativa, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuenta con prioridad en la agenda parlamentaria. Sin embargo, congresistas promotores del proyecto cuestionan que la Mesa Directiva, presidida por Fernando Rospigliosi, no haya permitido hasta ahora su discusión, pese a que el dictamen permanece listo para debate desde abril de 2024.
Las parlamentarias Silvana Robles y Ruth Luque sostienen que detrás de la postergación existirían presiones de sectores vinculados a la pesca industrial. Ambas consideran que determinados grupos económicos buscan impedir que la prohibición quede blindada mediante una ley, lo que dificultaría futuras modificaciones normativas.
El proyecto plantea incorporar un nuevo artículo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas para prohibir expresamente la pesca industrial dentro de las reservas naturales del país. Asimismo, establece que los permisos otorgados antes de la creación de estas áreas deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. La propuesta mantiene la autorización para actividades de pesca artesanal, de menor escala y acuicultura, siempre que sean compatibles con los objetivos de conservación.
El debate cobra relevancia luego de que la Corte Suprema ratificara restricciones a la extracción industrial en zonas protegidas, rechazando una demanda promovida por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Además, reportes periodísticos revelaron que empresas asociadas al gremio fueron sancionadas en múltiples oportunidades por operar dentro de la Reserva Nacional de Paracas.
La controversia refleja el permanente choque entre intereses económicos y la protección ambiental. Mientras los defensores del proyecto sostienen que una ley es necesaria para garantizar la conservación de ecosistemas vulnerables, los sectores empresariales consideran que la normativa vigente ya regula adecuadamente la actividad pesquera.
Las reiteradas postergaciones alimentan cuestionamientos sobre la transparencia de las decisiones parlamentarias y abren espacio a sospechas de influencia de grupos de presión en el proceso legislativo. Más allá de las acusaciones políticas, el fondo del debate gira en torno a un tema estratégico: definir si la explotación de recursos naturales debe tener límites más estrictos cuando está en juego la preservación de áreas consideradas patrimonio ecológico del país.
La demora en abordar una iniciativa respaldada por diversos sectores políticos también evidencia las dificultades del Congreso para priorizar debates relacionados con sostenibilidad ambiental, un tema que cada vez adquiere mayor relevancia en la agenda pública nacional e internacional.