27/02/26.-
Un nuevo hecho trágico golpea al sector salud en la región Puno. El médico cirujano Héctor Herbert Apaza Cuentas, de 28 años, quien realizaba el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el Centro de Salud de La Rinconada, fue hallado sin vida la tarde del 24 de febrero en el sector Los Bofedales, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.
El hallazgo fue reportado por pobladores de la zona, lo que permitió la intervención de efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Ananea y del fiscal de turno del Ministerio Público de Juliaca. El cuerpo fue encontrado cubierto de relaves y lodo, y posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia correspondiente.
Apaza se desempeñaba como jefe del establecimiento de salud y atendía a comunidades vulnerables en una de las zonas más alejadas y complejas del país. Según el parte policial, había asistido a un cortamonte en Ananea con un grupo de personas y fue visto por última vez por sus compañeros antes de que se reportara su desaparición el 22 de febrero.
Sus familiares exigen una investigación exhaustiva. Su padre relató que primero fueron informados de la desaparición, luego del hallazgo del celular y finalmente del cuerpo. Señaló que su hijo estaba próximo a culminar tanto el Serums como una maestría en una universidad de Lima, y no descartan la posible intervención de terceros en su muerte.
El Consejo Regional XIV Puno del Colegio Médico del Perú expresó su consternación y anunció que hará seguimiento al caso, solicitando el esclarecimiento de los hechos y garantías de seguridad para los profesionales que cumplen el Serums en zonas de riesgo. Asimismo, informó que brindará apoyo legal a la familia.
La muerte de un médico joven en pleno ejercicio del Serums vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones en las que trabajan los profesionales de salud en regiones alejadas. La Rinconada es conocida por su complejidad social, económica y ambiental, lo que incrementa los riesgos para quienes prestan servicios públicos en la zona.
Más allá de determinar responsabilidades individuales, el caso obliga a revisar los protocolos de seguridad y acompañamiento institucional para médicos serumistas. La presencia del Estado en territorios vulnerables no puede limitarse a enviar personal sin garantizar condiciones mínimas de protección.
La exigencia de justicia por parte de la familia y del gremio médico refleja una preocupación más amplia: que hechos como este no se repitan. La investigación fiscal deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento, pero también abrir un debate sobre la responsabilidad estructural en la protección de quienes sirven en primera línea en las zonas más olvidadas del país.
